Hastío, cierto grado de sorpresa y sobre todo indignación, una profunda indignación que roza ya el cabreo. La decisión de Audasa de no reservar ni un euro para devolver los peajes cobrados en el entorno del puente de Rande durante el período que duraron las obras de ampliación, 40 meses marcados por frecuentes atascos y cortes de carriles, despertó ayer la irritación de los usuarios de la autopista. Les molesta la actitud de la concesionaria de la AP-9 y -en especial- los argumentos que desgrana en su memoria anual para justificar esa falta de provisiones: primero, que la empresa actuó "de acuerdo con su contrato" con Fomento; segundo, que las obras se ejecutaron "con la menor afección posible al tráfico"; y tercero, que los conductores estaban informados en todo momento de los trabajos que se desarrollaban en el viaducto a través de paneles y la web de la DGT. En consecuencia -razona Audasa- los usuarios que lo hubiesen querido podrían haber "elegido otra vía alternativa" para desplazarse. A juicio de la gestora de la AP-9, se trata de razones suficientes para concluir que no tendrá que devolver peajes ni indemnizar a los conductores que se vieron atrapados en atascos, algo que le exigen la Fiscalía de Pontevedra y cientos de afectados.
Transportistas y particulares rechazan de plano el argumentario de la gestora de la AP-9 e insisten en que su reclamación "tiene razones suficientes para que prospere". En especial cargan contra la afirmación de Audasa de que los conductores disponen de "vías alternativas" a la autopista. "No las hay", recalca Ramón Alonso, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Pontevedra (Asetranspo). Una postura similar sostiene Diego Maraña, responsable de En-Colectivo, plataforma que acaba de constituirse en asociación de consumidores para exigir precisamente a la concesionaria de la AP-9 que devuelva los gravámenes cobrados durante los años que duraron las obras.
"Audasa sigue en la línea de hacer lo que quiere. Los gallegos usamos la autopista para desplazamientos relacionados con el trabajo en un porcentaje muy alto", incide Maraña, quien advierte de la falta de competitividad de los otros viales que enlazan el norte y sur de Galicia: las carreteras nacionales. Si por la autopista se tardan unos 90 minutos, recurriendo a la N-550 o su combinación con la N-630 el viaje llega a prolongarse unos 160 minutos, casi el doble. Lo mismo ocurre con Pontevedra. El recorrido por AP-9 apenas requiere 20 minutos, mientras que por nacional se aproxima a los 40.
Alonso cuestiona también la buena marcha de las obras y recuerda los "continuos retrasos" que acumuló el proyecto mientras la concesionaria y las constructoras que contrató intentaban modificar los planes iniciales, una pretensión que se topó con el rechazo del Abogado del Estado y Fomento, entonces liderado por Ana Pastor.
Su principal queja se centra sin embargo en el deficiente servicio que recibieron los conductores mientras duraron las obras en el entorno de Rande. En sintonía con el criterio de la Fiscalía, Asetranspo recuerda que los usuarios pagan los peajes a cambio de las prestaciones mínimas que se le suponen a una autopista: elevada capacidad de tráfico, mayor rapidez en los desplazamientos, seguridad... Comodidades que no se disfrutaron en Rande durante meses debido a los trabajos que se desarrollaban en el viaducto y sus accesos. "Se paga por unas prestaciones que no se recibieron y hay que recordar que la AP-9 es de las más caras de España", incide Alonso. Además de ese perjuicio, Asetranspo recuerda que los atascos perjudicaron también a la actividad de algunas empresas, que vieron seriamente limitado el número de descargas o viajes que podían hacer cada jornada.
Las empresas
Con el objetivo de defender los intereses de las empresas, En-Colectivo acaba de lanzar una plataforma específica para reclamaciones de empresas. De momento suma más de 80. Maraña explica que -dada la iniciativa del Ministerio Público y de los propios afectados-, "lo normal" habría sido que Audasa hubiese hecho una previsión contable. La Federación Galega de Transportistas y un despacho jurídico de A Coruña presentan hoy en la sede del Círculo de Empresarios la Plataforma de Afectados da AP-9.
Las iniciativas privadas se suman a la de Fiscalía, que hace ya varios meses impulsó una reclamación colectiva contra Audasa para que la concesionaria devuelva los peajes pagados por particulares entre febrero de 2015 y junio de 2018 -los 40 meses que duraron las obras-, así como una indemnización.
Ramón Alonso - Asetranspo
"Pagamos por disfrutar de unas prestaciones de autopista que no tuvimos"
Diego Maraña - En-Colectivo
"Muchos usuarios todavía no son conscientes de que pueden reclamar"
