La Audiencia de Pontevedra acogerá la próxima semana en dos sesiones, martes y miércoles, el juicio contra el funcionario del Ayuntamiento de Vigo Francisco Javier G.O. y el gerente de Imesapi, Ramón C.A., en relación con el supuesto "enchufe" en esta concesionaria de la cuñada de Carmela Silva.
La Fiscalía pide para Francisco Javier G.O., jefe de servicio de Participación y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Vigo entre 2008 y 2013, ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación para empleo o cargo público, por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.
Lo acusa de maniobrar para que el Ayuntamiento diera una ocupación laboral a una mujer "muy afín a un miembro del gobierno local", en alusión a Vanesa F.B., cuñada de Silva, actual presidenta de la Diputación de Pontevedra.
Para ello, según señala el fiscal en su escrito de acusación, ideó un plan utilizando procesos de contratación regulados en la ley pero que vulneraban los procesos legales de oferta pública de empleo, así como los principios de libre concurrencia, transparencia y publicidad. El ministerio público reclama siete años de prisión y 20 de inhabilitación para el administrador de Imesapi, Ramón C.A., y demanda que ambos acusados indemnicen al Ayuntamiento de Vigo con 108.147 euros.
Según se recoge en el escrito de acusación, el alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo requirió al otro acusado que contratase a Vanesa F.B., quien había realizado una sustitución en Imesapi durante diez días.
Para ello, el administrador de la concesionaria "aparentó" la contratación la cuñada de Silva pese a que no se necesitaba más personal en los centros cívicos que gestionaba esta empresa y sin que ésta fuera "realmente su empleador", pues Vanesa F.B. "recibía las órdenes de trabajo" de Francisco G.O.
Para el abono de sus nóminas, elaboradas "de forma mendaz" en cuanto a cantidades y conceptos, ambos acusados "idearon un plan" por el que Impesapi facturaba al Ayuntamiento diversas cantidades a través del uso fraudulento del procedimiento de sucesivos contratos menores adjudicados directamente a dicha empresa.
Adicionalmente, el alto funcionario municipal, según recoge el fiscal en su escrito, daba al gerente de la concesionaria las instrucciones para la realización de encuestas de calidad de los servicios municipales, que se materializaron en un total de nueve contratos menores, entre septiembre de 2008 y septiembre de 2013.
Abunda en que esas encuestas de calidad que "supuestamente" le costaron al Ayuntamiento de Vigo 108.147,22 euros no fueron realizadas por Imesapi, y que de hecho se desconoce quién las realizó, pese a lo cual Ramón C.A. elaboró o mandó elaborar, y cobró, las facturas fraudulentas emitidas.
En esta causa fueron investigados la cuñada de Carmela Silva, Vanesa F.B., el concejal de Participación Ciudadana de Vigo, Santos Héctor, y José Antonio M.B., apoderado de Imesapi, aunque a lo largo de la instrucción la juez sobreseyó las actuaciones respecto de ellos.
El Juzgado de Instrucción 7 de Vigo desimputó a Santos Héctor al no quedar acreditado que tuviera "conocimiento efectivo" sobre la "finalidad pretendida" con los contratos menores de encuestas de calidad encargados por su departamento a Imesapi.
Vanesa F.B. fue desimputada previamente por prescripción del delito que se le atribuía, además de los interventores municipales Luis G.A. y Juan Ramón G.O. y del apoderado de Imesapi, José Antonio M.B.
