05 de enero de 2019
05.01.2019

El control de los internamientos y las incapacidades suponen la mitad del trabajo en las salas de Familia

Los divorcios caen a 900 casos, la cifra más baja de los últimos 15 años

05.01.2019 | 03:58
El control de los internamientos y las incapacidades suponen la mitad del trabajo en las salas de Familia

Los divorcios y el sinfín de pleitos que pueden derivarse de estas rupturas se constituyen sin duda como la labor más conocida de los juzgados de Familia. Pero hay otro tipo de asuntos, que nada tienen que ver con la materia matrimonial, que también son competencia de estas salas. Y que con el paso de los años han ido ganando un enorme peso en el día a día de estos tribunales. Se trata del control de los internamientos en centros psiquiátricos y en geriátricos, y de las demandas de incapacidad. Estos expedientes ya representan casi la mitad de la carga de trabajo en estos órganos. Concretamente en 2018 supusieron el 44% del total de casos registrados.
Vigo cuenta desde hace casi un año con tres juzgados de Familia. La creación definitiva de una nueva sala especializada ha supuesto un alivio para unos tribunales que llevaban años al borde del colapso. En el ejercicio que acaba de concluir contabilizaron entre los tres casi 2.900 asuntos nuevos –cifra en la que no se incluyen las ejecuciones–.
Algo más de la mitad –1.627 litigios– fueron de materia matrimonial. El pleito estrella son las rupturas. Hubo 681 demandas de separaciones y divorcios, a las que hay que sumar las 219 de parejas de hecho que, tras finalizar su relación, van a la vía judicial para regular las cuestiones relativas a sus hijos menores: guarda y custodia, visitas, y pensión de alimentos. En total, 900 casos de rupturas, la cifra más baja de los últimos 15 años. El récord fue en 2005, cuando se superaron las 1.400 separaciones. Junto a estos pleitos, destacan los de modificaciones de medidas para pedir cambios en las visitas o pensiones, así como los expedientes de solicitud de autorización judicial para expedir pasaportes a menores o escolarizarlos en determinados centros –cuestiones que llegan al juzgado cuando hay desacuerdo entre los padres–.
En cuanto a los asuntos que no son de temática de familia, fueron 1.262. La mayoría –857– fueron de control de ingresos en psiquiátricos y geriátricos, labor que obliga a los jueces a desplazarse a estos centros. Mientras, las demandas en las que se instaron incapacitaciones de personas ascendieron a 259. Y hubo asimismo 24 expedientes relativos a propuestas de adopciones de menores.

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