El expediente municipal completo de O Marisquiño, el convenio de colaboración de patrocinio, licencias de varias fiestas... Esta documentación fue la requerida por la Comisión de Investigación iniciada en el Parlamento al Concello vigués a raíz del accidente de agosto para dirimir las posibles responsabilidades políticas, si bien todo apunta a que no llegarán a manos de la Mesa.

Y es que desde el Ayuntamiento han remitido un informe firmado por el secretario xeral, José Riesgo, en el que no consideran obligatorio "atender a este requerimiento" al carecer de potestad esta comisión para "fiscalizar" la actuación de los órganos ajenos al ámbito de competencia autonómica. El Concello argumenta en varias doctrinas, en especial la Ley de la Bases del Régimen Local (LBRL), que el control que de la actividad municipal "pretende realizar la comisión" es incompatible con sus criterios "inspiradores e informadores".

Apunta también este documento que la gestión o actividad local, desde un punto de vista política, "solo se haya sometida" a la exclusiva intervención de su Pleno municipal. "Nada tienen que dictaminar el Parlamento de Galicia sobre la responsabilidad política del gobierno municipal de Vigo", precisan.

Otra de las doctrinas en las que basan su razonamiento es el Consejo de Estado. En su informe, técnicos municipales esgrimen que este órgano "tiene expuesto en distintos dictámenes los fundamentos que justificarían la no entrega de la documentación requerida". En el mismo sentido, el consistorio hace alusión a la Carta Europea de Autonomía Local (CEAL), que advierte que "los órganos ejecutivos de los entes locales son responsables ante sus Asambleas o Consellos, es decir, ante el Pleno, en su condición de órgano representativo de los ciudadanos, no ante otras instituciones aunque sean Parlamentos autonómicos", y matiza que los gobiernos locales "no se encuentran sometidos" al control del Parlamento de Galicia ni a sus comisiones.

Esta decisión podría poner en serio riesgo la continuación de esta Comisión de Investigación. Y es que la Mesa concluyó en su última reunión, que tuvo lugar el pasado 17 de diciembre, paralizar las sesiones que se estaban a celebrar desde octubre al carecer los miembros de la misma de informes y documentos que estudiar.

Esta convocatoria estaba reservada para la lectura y estudios de los escritos enviados por el Puerto de Vigo y el Consorcio de la Zona Franca, pero a tenor de la insuficiencia de los mismos se acordó realizar un requerimiento para solicitar más informes a todas las administraciones demandadas. Se acordó no fijar nuevas comparecencias hasta que los diputados no dispongan de toda este información "no se puede realizar ninguna investigación", tal y como explicaron en el momento fuentes próximas al caso