Los vecinos de O Piricoto no deberán abandonar sus casas antes de 2019, como les exigía una sentencia dictada a mediados de junio por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Después de valorar los recursos presentados por la comunidad de propietarios de la urbanización y el Concello, el tribunal ha decidido suspender la ejecución de su auto anterior.

La decisión de los magistrados no solo anula la orden de desalojar a los residentes de O Piricoto, revoca también otra que obligaba al Ayuntamiento de Vigo a demoler el complejo residencial en el plazo de un año. En su auto del 13 de junio, el TSXG precisaba incluso que para desocupar las viviendas de la Colina de Castrelos se contemplaba "el corte del agua y la luz y el precinto de los accesos".

El alto tribunal requiere a la comunidad de propietarios de O Piricoto que informen sobre "el estado de la ejecución material de las obras de reforma y demolición parcial autorizadas" recogidas en el proyecto autorizado en 2012 para legalizar las edificaciones. En su auto, el TSXG precisa que "no existe constancia" de esos trabajos.

A mayores, reclama también al Concello que en un plazo de 20 días aclare qué actuaciones propone para "conseguir la necesaria adaptación al ambiente" de la urbanización. Los magistrados recuerdan que en 2011 el Ayuntamiento ya había aprobado un proyecto básico de demolición parcial con ese objetivo, pero añaden que los más de siete años transcurridos desde entonces, sumados a la evolución del entorno de O Piricoto, abre la puerta a elaborar un nuevo proyecto de demolición total o parcial. En caso de que los técnicos de Praza do Rei se decanten por la segunda opción, dispondrán de un margen de dos meses para presentar su planteamiento al tribunal.

Una vez se concrete el nuevo proyecto del Concello para la demolición total o parcial de O Piricoto, las diferentes partes implicadas dispondrán de 20 días para alegar la propuesta. En su auto, los jueces del TSXG recuerdan en varias ocasiones que la sentencia del Tribunal Supremo de 2004 -dictada tras la anulación de la licencia de O Piricoto- plantea tanto la posibilidad de un demolición total como una "modificación externa" del complejo residencial. El objetivo, precisa la sentencia, es que "la edificación que quede, si alguna fuera posible, cumpla la exigencia legal de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que esté situada".

La resolución del TSXG es el último capítulo de una cadena de autos y sentencias que se remontan a 1994, cuando el alto tribunal gallego anuló la licencia urbanística otorgada en 1991 a Domus Nerga.