Fue en 2009 cuando el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo daba inicio a la investigación que sacó a la luz la mayor trama de fraude fiscal con facturas falsas detectada en Galicia, con epicentro en el grupo empresarial Las 5 Jotas. Casi una década después, con esta instrucción ya finalizada y tras haberse celebrado unos 90 juicios en los que se fueron sucediendo las condenas contra los empresarios implicados, el recorrido judicial de la megacausa está por fin a punto de cerrarse. La próxima semana, concretamente el lunes 22 de octubre, arrancará la última vista derivada del caso. Y no es un procedimiento menor. Se trata del juicio contra 11 directivos, interventores y empleados bancarios acusados de dar soporte a las actividades ilícitas atribuidas a José Manuel Costas, jefe de Las 5 Jotas y cabecilla del entramado. El proceso se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo, que ha reservado un total de siete jornadas. Y es que junto a los encausados, a lo largo de todos esos días comparecerán más de 80 testigos, así como peritos.
Junto a los empleados bancarios, en el banquillo se sentará José Manuel Costas. Será su primer juicio desde que el pasado junio fue detenido en el norte de Portugal tras permanecer dos años en busca y captura. El empresario vigués se fugó en 2016, cuando su condena en el marco de esta causa ya era firme y el ingreso en prisión resultaba inevitable: hasta ese momento ya había comparecido en 83 vistas, por lo que su huida, que lo colocó en la lista de los fugitivos más buscados por la Europol, fue toda una sorpresa.
Desde A Lama
A raíz de su detención, fue extraditado desde Portugal y, tras permanecer un tiempo en un centro penitenciario de Badajoz, en agosto fue trasladado a la prisión pontevedresa de A Lama, desde donde será trasladado el lunes a los juzgados de Vigo para comparecer en la vista. Aunque este es el último juicio de la trama, Costas deberá comparecer en solitario en todos aquellos a los que no acudió mientras estuvo fugado, que sí se celebraron contra el resto de acusados. Son casi una decena de vistas de los distintos juzgados de lo Penal de la urbe olívica que no se descarta que se concentren en una sola jornada -lo que sería posible si el empresario por ejemplo acepta las condenas-, algo que deberá concretarse en fechas próximas.
A la espera de cómo se resuelve esta situación, el juzgado ya tiene todo preparado para el juicio de la supuesta trama bancaria. El fiscal de Delitos Económicos de Vigo, en su escrito de acusación provisional que ya data de 2015, atribuye a 11 trabajadores que en el momento de los hechos eran directores, apoderados, interventores o empleados de oficinas de cuatro entidades bancarias distintas, la presunta autoría de delitos de falsedad documental. Pide para cada uno de ellos una condena de dos años y medio de prisión, así como el pago de 3.600 euros de multa. Para Costas solicita dos años de cárcel, si bien a efectos prácticos no se le tendrán en cuenta dado que ya llegó al límite penológico por este ilícito debido a las decenas de sentencias que acumula.
La Fiscalía relata en su escrito que el jefe de Las 5 Jotas se ocupaba "en persona" de las operaciones bancarias realizadas por las empresas de su grupo, tanto las de la "actividad empresarial real" como la relativa a las facturas falsas, en las que también usaba el nombre de trabajadores suyos que formalmente estaban dados de alta como autónomos.
Y fue en el marco de esta operativa bancaria, agrega, en la que los empleados acusados de las cuatro entidades que cita "le permitieron efectuar múltiples operaciones que se documentaban a nombre de otras personas sin conocimiento de éstas". Concretamente, en su escrito indica que lo que supuestamente se le dejaba hacer de forma irregular era abrir cuentas bancarias a nombre de terceros con las que José Manuel "operaba después". O también "efectuar movimientos" en esas cuentas o cobrar en metálico cheques y pagarés" a favor de esas terceras personas como si éstas las cobraran, "firmándose los documentos como si fuese así".
El flujo de dinero sería superior a los seis millones de euros y la mayoría de movimientos bancarios a juicio ocurrieron de 2007 a 2011. Entre los testigos, entre otros, hay autónomos y asimismo empleados bancarios. También se citó a peritos policiales y de Hacienda.
