Otra causa judicial en Vigo por presunto fraude fiscal en la que la emisión de facturas falsas acapara el protagonismo. Cuando el procedimiento de Las 5 Jotas, el mayor de estas características detectado en Galicia, está ya tocando a su fin con sus últimos juicios tras casi una década de recorrido en los tribunales, otro juzgado, el de Instrucción número 4, mantiene abierta una investigación por otro asunto en el que confluyen los mismos delitos. El caso se centra en el sector maderero. Aunque con una mecánica distinta al del grupo empresarial ya que el proceder en el que se indaga no responde a ningún entramado, también es de calado por el elevado número de imputados. Son una veintena: un aserradero al que se investiga por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, así como empresarios y autónomos madereros de distintos puntos de Galicia a los que se atribuyen delitos de falsedad documental por la supuesta emisión de facturas falsas.
La investigación judicial comenzó hace un año. La tesis de la Agencia Tributaria y del Ministerio Fiscal es que el aserradero, ubicado en el Val Miñor y ya en liquidación después de entrar en concurso de acreedores, recibió facturas falsas por parte del resto de investigados, empresarios y autónomos dedicados a la tala y venta de madera. En definitiva, que esa madera que constaba en los recibos comerciales nunca existió y que las operaciones eran ficticias. El magistrado Juan Carlos Carballal investiga al aserradero por la supuesta comisión de un fraude a Hacienda en el ejercicio de 2014 que suma aproximadamente 313.000 euros entre el IVA y el Impuesto de Sociedades. A los restantes investigados el ilícito que se les atribuye en este momento es el de falsedad. Aunque en global las facturas presuntamente ficticias en las que se indaga alcanzan un valor millonario, en el caso individual de cada imputado hay supuestos como el de uno de ellos en el que la cuantía que lo mantiene en el procedimiento es de apenas 600 euros, mientras que en otros alcanzarían en torno a los 600.000 euros.
¿Existió esa madera que se reflejan en esas facturas? ¿Fueron reales las ventas? Esta es la clave. Las acusaciones, ejercidas por Hacienda y el fiscal, dicen que no. Las operaciones comerciales, sostienen, eran ficticias. Los abogados defensores, mientras, mantienen todo lo contrario: las ventas fueron reales y la contabilidad se hizo sin ninguna irregularidad. Todos los investigados ya fueron interrogados por el juez y negaron el fraude y la falsedad que se les imputa.
También han comparecido testigos y ayer mismo hubo nuevas declaraciones. Entre ellos hay propietarios de montes -ubicados en Vigo y el sur de la provincia pontevedresa- que aseguraron que sí vendieron esa madera que se cuestiona, aunque, al menos en gran parte de los casos, no conservaban las facturas. También comparecieron transportistas, que señalaron que hicieron viajes con la mercancía.
Informes periciales
A la investigación judicial, técnicamente compleja, todavía le quedan varios meses de recorrido y se prevé que la instrucción seguirá al menos hasta final de año. La razón es que se está a la espera de los informes periciales de tipo económico y técnico. Uno de ellos estará dirigido a determinar si el método utilizado por Hacienda para determinar la cuota supuestamente defraudada era el adecuado o hubiese sido idóneo utilizar otro.
Las fuentes consultadas señalaron que el ejercicio fiscal en el que el presunto fraude a Hacienda adquiere la categoría de delito, por la cuota, es el de 2014. Pero no trascendió si hubo otros años -y otras empresas de las que solo se investiga judicialmente por falsedad- en los que se habría incurrido en irregularidades administrativas que no alcanzan categoría penal.
