El severo impacto que la huelga de funcionarios está teniendo en la actividad judicial se puede medir a través de un sinfín de parámetros. Uno de ellos es el de la notificación de resoluciones judiciales, es decir, el envío desde los juzgados a las partes de sentencias, autos, providencias, decretos o diligencias de diverso tipo. En condiciones normales los tribunales de Vigo y del resto de partidos judiciales del sur de la provincia de Pontevedra -Redondela, Tui, Porriño y Ponteareas- notifican en total en torno a 1.800 dictámenes al día. Pero esta cifra ha caído en picado con el paro. Desde el 7 de febrero la media se sitúa en 400 notificaciones diarias. El desplome es evidente: de un 78%.

Que las resoluciones no lleguen a los despachos de procuradores y abogados no signifique que éstas no se estén dictando. Los jueces y los letrados de la Administración de Justicia no están de huelga, así que, ante la suspensión de juicios y de otras diligencias, gran parte de su tiempo lo emplean precisamente en sacar adelante trabajo pendiente. Y eso incluye redactar sentencias o autos. Pero estos dictámenes se quedan ahí, bloqueados en los juzgados. Sin los funcionarios la cadena se rompe y es imposible ejecutar el último trámite antes de que los escritos lleguen a sus destinatarios: su notificación. Salvo casos excepcionales de salas con funcionarios que no siguen el paro, las únicas resoluciones que se envían son las de causas con preso u otras incluidas en los servicios mínimos.

El Colegio de Procuradores de Vigo lleva el control de todas las notificaciones que se realizan desde los juzgados olívicos y los del resto del sur provincial. Fuentes de la entidad dicen que la media habitual de resoluciones que envían los tribunales ronda cada día las 1.800. Con la huelga han bajado a 400. Estas notificaciones se hacen a través del sistema telemático Lexnet.

¿Y qué ocurrirá cuando el paro llegue a su fin? Todas las resoluciones que estén paradas en los juzgados serán enviadas a sus destinatarios. Cada 1 de septiembre, tras el parón de agosto, ya es tradicional el inevitable aluvión de notificaciones judiciales. Los procuradores están convencidos de que la avalancha tras esta huelga superará con creces a la que hay todos los septiembres, por lo que confían en que, como se hace en esas fechas, se tomen medidas para que las sentencias y demás dictámenes pendientes no se envíen de golpe. "Sería una locura; hablamos de miles y miles de escritos", decía ayer un profesional.

Poco personal

En todo caso, esta cuestión, la de cómo se gestionará el trabajo cuando acabe el paro, se antoja lejana. Las negociaciones entre Xunta y sindicatos volvieron a romperse y la huelga, que ayer cumplió su día 49, sigue. Ya es un hecho que se mantendrá hasta después de Semana Santa y, salvo milagro, superará los dos meses. Ante esto, funcionarios del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que funciona de forma similar a una sala de guardia, urgen a la Xunta que amplíe el personal de servicios mínimos. Están fijados en tres trabajadores, pero son "insuficientes". "Todos los días hay juicios rápidos, detenidos...; es una locura, hay días que salimos a las 6 de la tarde", dicen. "El trabajo se acumula, tememos que pueda pasar algo; la situación es crítica", concluyen.