Los afectados por las cláusulas suelo están ganando, y por goleada, la batalla jurídica a los bancos. De ello dan buena fe las sentencias que se están dictando en el juzgado especializado en la materia en Vigo, creado en junio. La juez ya emitió casi cien resoluciones, concretamente 93, y solo una de ellas ha sido favorable a la entidad bancaria demandada. Las 92 restantes son estimatorias y dan la razón a los ciudadanos que realizaron la reclamación. Detrás de estos fallos vendrán muchos más ya que, como se preveía, el ritmo de trabajo está siendo intenso. En poco más de cinco meses de funcionamiento este órgano con competencia en toda la provincia de Pontevedra ya registró más de 2.300 casos. Una carga abismal si se compara con los módulos de trabajo recomendados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para los tribunales de Primera Instancia: la habilitada para enjuiciar las causas de suelo hipotecario -y otras también de naturaleza bancaria- registró en menos de seis meses el volumen que se aconseja para una sala civil para un período de dos años y medio.
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Aunque el motivo de la especialización del juzgado son las demandas de suelo hipotecario -una medida que se adoptó a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que establece la devolución de todo lo pagado de más por esta cláusula-, la competencia abarca también otras condiciones generales incluidas en los contratos hipotecarios, motivo por el que la juez, aunque ya en menor medida, también debe pronunciarse sobre cuestiones como los gastos de formalización de estos préstamos, intereses moratorios, etc. Y lo que se evidencia es que el número de demandas no deja de crecer: desde el 1 de junio y hasta ayer ya se habían registrado 2.308. Y dado que el criterio general es estimar las reclamaciones de los perjudicados, esto animará a más ciudadanos a ir a la vía judicial y la cifra, por ahora, continuará al alza.
Aluvión
La creación del juzgado vigués se enmarca en las medidas puestas en marcha por el Poder Judicial en toda España para afrontar el aluvión de litigios. Un plan sobre el que, en el momento de su aprobación, se concretó que "inicialmente" estaría "en vigor" hasta el 31 de diciembre de este año, pero que podría prorrogarse "en caso necesario". Una decisión que debe adoptarse antes de que concluya este ejercicio. Aunque las reuniones de seguimiento del plan estaban previstas para septiembre, éstas se han demorado. Una de ellas, un encuentro en la sede del CGPJ con jueces decanos de distintos puntos de España, acaba de ser fijada para este lunes.
El decano vigués, Germán Serrano, no podrá acudir dado que ese día tiene que celebrar juicios, pero está en contacto con el órgano de gobierno de los jueces y ya envió además los datos que le requirieron: número de demandas y de sentencias dictadas, así como de audiencias previas y juicios señalados. Precisamente, Serrano elevó en septiembre una petición instando un segundo juzgado de refuerzo en la urbe para cláusulas suelo. A su vez, los sindicatos han criticado la falta de medios en el tribunal, que cuenta con una plantilla de funcionarios muy inferior a la de un juzgado titular.
Junto a esta reunión con los jueces decanos ya convocada, está pendiente de celebrarse la de seguimiento en la que participan Poder Judicial, Ministerio de Justicia y comunidades autónomas.