La ya adjudicataria de la estación de Mayne y las administraciones implicadas en el proyecto celebraron ayer, en la Delegación de la Xunta en Vigo, una nueva reunión técnica sobre los accesos a la que se ha incorporado un nuevo actor, la Dirección General de Carreteras, y en la que se produjeron más avances. Se ha afinado la propuesta de canalización del tráfico y se ha acordado la creación de una comisión para reflejar en un convenio los compromisos en el reparto de la financiación de la obra.
Avanzando en lo pactado en la reunión de la semana pasada entre el alcalde, Abel Caballero, el presidente de Adif, Juan Bravo, y la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, se ha acordado que a finales de la próxima semana o principios de la siguiente se reúna esta nueva comisión técnica que abordará la financiación. En líneas generales, Immochan y Adif deberán llegar a un acuerdo para sufragar el acceso de vehículos privados o de carga y descarga desde la autopista hacia el centro comercial; la Xunta se hará cargo de los costes de la ejecución del tramo del túnel que pasa por debajo de la estación de autobuses, así como de sus conexiones con la AP-9; y el Ayuntamiento y el gestor ferroviario confinanciarán el túnel desde Lepanto y hasta la parte soterrada de la terminal.
Por otra parte, tras analizar la propuesta municipal de accesos, los técnicos de la Xunta la han modificado ligeramente, retirando la construcción de la nueva rotonda que canalizaría la circulación entre el centro comercial y la autopista y sustituyéndola por enlaces que realizan el mismo movimiento, según explican fuentes municipales. El objetivo es evitar la posible colisión del tráfico que sale del túnel y el que entra en el Centro Vialia. De ahí que se proyecte que el vial del segundo pase por debajo del primero.
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Los agentes implicados se mantienen en contacto constante para cerrar lo antes posible la propuesta final, ya que luego habrá que redactar el proyecto de los accesos para incorporarlo al existente. Fuentes municipales entienden que no supone una "modificación sustancial" del mismo y señalan que todas las administraciones se han comprometido agilizarlo.
