Adif justifica ahora en la necesidad de otorgar "seguridad jurídica" al proyecto de Inmochan su decisión de retrasar la adjudicación del Centro Vialia de Urzáiz hasta que la Xunta de Galicia no tenga "encauzada" la tramitación urbanística conjunta de la terminal de Thom Mayne y la de autobuses por la denominada ley exprés que se habilitó tras la caída del PXOM de 2008. El administrador de infraestructuras ferroviarias había anunciado la formalización del contrato con el operador comercial para este mes de enero, pero el domingo avanzó a FARO que la operación de más de 83 millones de euros queda por ahora sin fecha hasta lograr el aval urbanístico del Concello y el Ejecutivo autonómico. Desde el gobierno vigués mostraron ayer su profunda preocupación por este cambio de rumbo y el alcalde, Abel Caballero, interpretó la falta de plazos concretos desde Madrid como "una paralización sine die del proyecto".
Desde la Consellería de Infraestructuras remiten al Ministerio de Fomento para cualquier explicación sobre este aplazamiento repentino y aclaran que la tramitación urbanística de la estación del AVE de Urzáiz y la terminal de autobuses es "independiente" del proceso de adjudicación del centro comercial y de ocio previsto sobre el cajón ferroviario. Añaden que no hay "ningún impedimento conocido" para que Adif decidiese retrasar la formalización del contrato con la filial de Auchan, única interesada en construir y explotar el complejo tras quedar desiertos los dos concursos anteriores.
El departamento de Íñigo de la Serna no despeja todas las dudas surgidas a raíz de la decisión y se limita a asegurar en un escueto comunicado que "Adif resolverá el proceso de adjudicación del Centro Vialia una vez que se encuentre encauzado el trámite destinado a otorgar seguridad jurídica al proyecto, con la conformidad del Concello de Vigo en relación con la movilidad", en alusión a las diferencias de planteamiento entre la Xunta y el gobierno local sobre la rotonda de acceso y el alcance de las expropiaciones.
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Recuerdan, como hace el Ecutivo gallego, que hace un año Fomento, Xunta y Concello pactaron tramitar de forma conjunta en un único proyecto urbanístico la estación del AVE de Mayne y la terminal de autobuses amparándose en la vía excepcional que abrió la ley 3/2016 tras la anulación del PXOM. El pasado mes de octubre Adif remitió al gobierno vigués el documento de integración de ambas terminales que reducía notablemente la superficie a expropiar por parte de la administración local y permitía acercar posturas de forma definitiva con la Xunta.
Desde Infraestructuras aseguran que desde entonces se ha estado trabajando con Fomento para que acreditase que el proyecto cumple con los requisitos para ser tramitado como proyecto urgente y que la movilidad queda garantizada con una nueva rotonda en Alfonso XIII más pequeña de la prevista en el PXOM de 2008. "Ambos requisitos se cumplieron y ahora mismo el camino está casi despejado. Solo estamos pendientes de recibir documentación menor. Un trámite formal", puntualizan desde el departamento de Ethel Vázquez, que asegura que en "cuestión de días, como mucho unas pocas semanas" estarían en disposición de iniciar la tramitación al amparo de la norma para proyectos de excepcional interés público.
Puntualizan que "se está pendiente de recibir la petición formal por parte de Fomento de iniciar la tramitación". Corresponde al Gobierno central poner la maquinaria urbanística en marcha y el calendario con el que trabajan en Santiago toma como referencia los plazos de la tramitación de mejoras en el polígono de Balaídos. "La referencia son alrededor de seis meses de trabajo". Ese es el tiempo que se tardaría en reunir todos los informes sectoriales necesarios para aprobar el proyecto de las dos estaciones.
Pero en Vigo se ha instalado la preocupación por la falta de garantías que ofrece Fomento sobre el AVE y la estación de Vigo. "El ministro y el presidente de la Xunta dieron ayer un paso atrás importantísimo. Acaban de paralizar la estación de Mayne", denunció Caballero sobre las palabras de De la Serna de que no se adjudicará mientras se coordina ''con la Xunta la estación de autobuses. En opinión del alcalde, esto supone "paralizarla sine die". "Se condiciona una gran estación de alta velocidad y el desarrollo de un ámbito importante en el centro de Vigo a una terminal de autobuses por la que llevamos ocho años esperando y para la que no hay proyecto de la Xunta cerrado", lamentó el socialista, que convocará al Consello Social para seguir reclamando la variante de Cerdedo ante la falta de información "significativa" desde el Gobierno central.
El acceso, a través de una rotonda pequeña sin demoliciones
- Uno de los principales escollos entre la Xunta y el Concello para sacar adelante la intermodal era el diseño de los accesos y el planteamiento inicial desde la Consellería de Infraestructuras de habilitar una gran rotonda en Alfonso XIII que obligaba a derribar y expropiar toda una manzana de edificios entre la AP-9 y la estación y cuyo coste debía ser asumido por el gobierno local. Pero esta dificultad empezó a salvarse cuando en octubre Adif remitió a Praza do Rei un proyecto que limitaba a 315 m2 los terrenos privados a expropiar y centraba la nueva terminal con capacidad para 25 autobuses en terrenos de Adif y de la Demarcación de Carreteras. Caballero se apresuró entonces a dar su visto bueno a este nuevo diseño y desde Infraestructuras aseguran que "se trabaja en el proyecto final sobre este planteamiento con una rotonda más pequeña que limita el suelo a expropiar". Esto allanaría el camino para que el informe preceptivo del gobierno local para que pueda tramitarse el ámbito por la ley exprés sea positivo, si bien el alcalde de Vigo avanzó en su día que realizaría "sugerencias" respecto a la ordenación del tráfico en la zona que precisará de cambios importantes en un punto delicado. Este proyecto con apenas 315 m2 a expropiar tendría un coste de 10,2 millones que corresponde asumir a la Xunta.