El número de comerciantes investigados continúa siendo alto, pero ya ha adelgazado notablemente con respecto a la cifra inicial. La mayor redada que se recuerda en el Casco Vello, donde se ubica el mercado de A Pedra, derivó en un primer momento en 65 investigados. Pero con el paso del tiempo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo ha archivado la causa en relación a al menos 24 de estos comerciantes: bien por no aparecer "debidamente justificada" la perpetración del delito o bien por prescripción.
El último auto judicial en el que se decretan sobreseimientos tiene fecha del pasado 12 de enero. La sala decidió el cierre de las diligencias con respecto a siete autónomos: los titulares de dos puestos del mercado y los titulares y encargados de dos bazares del entorno. El motivo de la exculpación fue que la tasación pericial encargada por el tribunal a la empresa Taxo arroja que el beneficio económico que se habría obtenido de las prendas incautadas en esos locales no llegaría a los 400 euros, por lo que la presunta infracción penal se reduciría a una falta que ya prescribió. El auto ha sido recurrido por al menos algunas de las marcas personadas en el proceso como acusación particular, según confirmaron ayer fuentes cercanas al caso.
Previamente a este auto en el que se estima la prescripción de la causa contra estos comerciantes, hubo otros que también derivaron en archivos. El primero data ya de septiembre de 2014, cuando estaba a punto de cumplirse un año del macrooperativo en A Pedra. Entonces se exculpó a diez autónomos. En los meses posteriores hubo un goteo de más sobreseimientos. En contraposición con estas decisiones judiciales, también durante los últimos meses, como consecuencia de las diligencias realizadas en el contexto de la instrucción, se citó a cinco personas nuevas en calidad de investigadas.
La mayoría de personas convocadas para comparecer ante la juez han optado por guardar silencio. Y entre los que hablaron, salvo excepciones, la tónica general ha sido la de negar la venta de ropa falsificada y rechazar asimismo que su patrimonio económico tenga origen en una actividad ilícita.
