La muerte de un magistrado de lo Social de Madrid por infarto cuando salía de un ascensor de los juzgados de la capital ha abierto el debate sobre la normativa de prevención de riesgos laborales en los edificios judiciales. Y es que la inexistencia de desfibriladores o servicio médico en la sede donde falleció este juez provocó ya la inmediata reacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha decidido plantar cara a la administración pública para evitar nuevos casos así y, entre otras medidas, anunció que inspeccionará los juzgados de toda España para ver si sus instalaciones se ajustan a las exigencias legales. En los tribunales de Vigo, como en los del resto de Galicia, no hay desfibriladores, pese a que desde el decanato ya se instó a la Xunta a instalar estos equipos. Al respecto, la Consellería de Presidencia salió al paso señalando que su instalación "no es obligatoria", aunque agregó que "se está estudiando" la posibilidad de dotar a los juzgados gallegos de estos aparatos.

Un desfibrilador administra una descarga eléctrica al corazón a través de la pared torácica y se usa en emergencias como un ataque cardíaco. La falta de este equipo en los juzgados de lo Social de Madrid donde falleció el magistrado Ángel Luis del Olmo Torres provocó ya reacciones: Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales denunciaron "el abandono y desatención" de la sede judicial donde murió el juez sin recibir asistencia médica adecuada y criticaron que esto es "común" en el resto de juzgados de España. Y la Comisión Permanente del CGPJ acordó ayer dirigirse a la Comunidad de Madrid para que implante las "medidas necesarias" sobre prevención de riesgos laborales en sus edificios judiciales, al tiempo que encargó un estudio comparativo de la situación en los juzgados de todas las autonomías españolas para, en su caso, "requerir a las instituciones competentes" que adopten soluciones.

¿La situación en Vigo y resto de Galicia? La Xunta asegura que "cumple estrictamente con la normativa de prevención de riesgos laborales" en las sedes judiciales. Cita que el Real Decreto 365/2009 sobre el uso de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario, remarcando que su presencia en los juzgados "no es obligatoria". Pero dice que "está estudiando" instalarlos, lo que dependería de factores "como que debe haber siempre alguien en las dependencias judiciales con formación adecuada para el manejo". En los juzgados de Almería, por ejemplo, se formó a jueces, fiscales, secretarios y funcionarios para utilizarlos.

El juez decano vigués Germán Serrano relata que pidió varias veces a la Xunta, la última hace unas semanas, la instalación de un desfibrilador en Vigo: "No solo por los jueces o el resto del personal, sino por los ciudadanos que vienen al juzgado a diario; no es frecuente, pero a veces hubo que llamar al 061 o a los forenses por la indisposición de alguna persona". La presidenta de la Junta de Personal, Mercedes Vázquez, coincide. "Al menos en Vigo hay la suerte de que siempre hay un médico porque tenemos clínica forense".