La muerte de tres perros envenenados en lo que va de año en las inmediaciones del paseo del Lagares a su paso por San Andrés de Comesaña ha activado las alertas en la Policía Local. La Patrulla Medioambiental abrió ya una investigación tras recibir la denuncia de un vecino tras la cual encontraron los restos de los caninos y varios trozos de carne supuestamente intoxicados.

La alarma saltó a principios del mes pasado. Un hombre que paseaba con su perro por la orilla del Lagares más próxima a la carretera de Camposancos –la opuesta a la del paseo peatonal– comprobó cómo el animal se llevaba un trozo de churrasco a la boca. Tras sacárselo, alertó a la Unidad Medioambiental de Intervención Rural (UMIR) de la Policía Local. El vecino relató a los agentes que otros animales habían muerto ya en la misma zona por envenenamiento e iniciaron las pesquisas.

Además de este trozo de carne, los policías encontraron otro en las inmediaciones del río. Ambos estaban abiertos a la mitad. "Ésta no es una zona de tránsito habitual, aunque muchos cazadores vienen a pasear aquí con sus perros. Creemos que éste puede ser uno de los motivos de quien presuntamente está dejando el veneno", explican fuentes oficiales del cuerpo de seguridad.

Ambos trozos de carne fueron enviados ya al Hospital Clínico Veterinario Rof Codina de Lugo. Aunque los agentes todavía no recibieron los resultados del análisis, sí han certificado ya el envenenamiento de al menos uno de los tres perros encontrados muertos en la zona. "Uno de ellos fue enviado al veterinario, que confirmó que había fallecido por una intoxicación, presumiblemente tras haber ingerido estricnina", aseguran. Pese a que los agentes intentaron localizar a su dueño, el animal carecía de microchip.

Tras esta primera confirmación, la Policía Local abrió diligencias judiciales y desplegó un dispositivo especial de control en esta zona del Lagares para intentar localizar al infractor. Según fuentes policiales, la investigación está "muy avanzada" y podría haber resultados "muy pronto". Las mismas fuentes advierten que esta práctica está tipificada por el código penal y que los infractores se pueden enfrentar a una pena de entre cuatro meses y dos años de prisión.