El deficiente saneamiento de Vigo provoca un nuevo quebradero de cabeza al Gobierno central que, por extensión, puede afectar también a la Xunta y al Ayuntamiento. A la multa de 20 millones de euros de la Comisión Europea (CE) por contaminación a la cría de moluscos, aparcada provisionalmente tras aceptar Bruselas el plan integral de depuración de la Ría en marcha, se une ahora otra sentencia del Tribunal de Justicia comunitario, que acaba de condenar al Estado español por incumplir la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. El fallo afecta a Vigo y a otros ocho concellos de Galicia, entre ellos A Coruña y Santiago, y puede provocar una nueva sanción millonaria, además de multas coercitivas de miles de euros por día de retraso, según fuentes gubernamentales. Los demás municipios gallegos a los que señala la resolución son Baiona, Tui, Noia, Ribeira, Cariño y Viveiro. En el resto del Estado hay otras 29 localidades afectadas.

La directiva, que data de 1991, daba como plazo hasta el año 2000 para que todas las localidades con más de 15.000 habitantes contasen con los sistemas adecuados de depuración. La Comisión Europea denunció por incumplir la fecha límite al Estado español, que durante el procedimiento expuso al Tribunal en el caso de Vigo que la nueva depuradora, –la pieza clave para sanear la Ría– se hallaba pendiente de licitación. Actualmente ya están en concurso el proyecto y la obra. Con la sentencia condenatoria en la mano, la CE remitirá una carta formal al Gobierno, según las citadas fuentes, para que formule sus alegaciones. Una vez estudiadas podría imponer las sanciones millonarias que considere pertinentes y solicitar al Tribunal Europeo que ordene su ejecución.

Bruselas aplazó temporalmente la multa de 20 millones emanada de la infracción de otra directiva comunitaria, la de calidad de agua para la cría de moluscos, pero mantiene en vigilancia el cumplimiento del plan de saneamiento de la Ría y podría reactivar la penalización económica si determina que no se siguen los pasos necesarios.

El hecho de que se aparcase aquella sanción, junto a la licitación reciente de la depuradora del Lagares, es un argumento a favor del Estado para evitar sanciones derivadas de la sentencia dictada ayer, pero no supone ninguna garantía, advierten las citadas fuentes. Por otra parte, aunque una eventual sanción de la Comisión afectaría en primera instancia al Estado, pueden acabar pagándola la comunidad autónoma, el Concello, o ambos. La Ley de Economía Sostenible, que entró en vigor en febrero, establece en su disposición adicional primera que las Administraciones públicas "que incumplieran obligaciones derivadas de normas del derecho de la UE, dando lugar a que el Reino de España sea sancionado, asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que se devenguen”