Noventa y dos empresas de la provincia de Pontevedra fueron sancionadas por realizar contrataciones irregulares de extranjeros el año pasado. Las multas impuestas ascienden a más de 1,5 millones de euros, como explicó ayer el subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández, que compareció junto al jefe de la Inspección de Trabajo en la provincia, José María Casas de Ron.
Fernández apuntó que en 2008 se abrieron expedientes a casi un centenar de empresas por tener contratados a inmigrantes en situación ilegal. Confirmó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad junto a inspectores de Trabajo, realizaron 22 visitas conjuntas, 15 de ellas a clubes de alterne, que concluyeron con sanciones en una docena de ellos por valor de 903.250 euros.
Además, en lo que va de 2009, ya se ha multado a nueve empresas por esta misma casuística -con más de 536.000 euros-. Aunque la sanción mínima en estos casos es de 6.000 euros por cada empleado ilegal, muchos negocios reinciden. Casas de Ron confirmó que el departamento que dirige realizó 10.552 actuaciones -3.571 en materia de extranjería-, con un resultado de 286 expedientes abiertos por presencia de trabajadores extranjeros en situación ilegal, y otros 972 expedientes en materia de “economía irregular”. En ese sentido, subrayó la necesidad de extremar la vigilancia, sobre todo en época de crisis, cuando las empresas “acuden a trabajadores con menos pretensiones y menos posibilidad de ejercer sus derechos”.
