La Concejalía de Medio Ambiente abrió este año 107 expedientes contra propietarios de fincas ante el riesgo de incendio forestal, que sumados a las 121 causas pendientes de resolución desde 2007, suponen un total de 228 procesos abiertos en dependencias municipales.
La normativa contempla la imposición de multas que oscilan entre los 300 y los 6.000 euros -infracciones reiteradas-, aunque tres de cada cuatro amonestados acaban limpiando sus propiedades sin necesidad de aplicar una sanción económica.
El Concello tiene en plantilla dos inspectores destinados a la supervisión del estado de las fincas y ambos reconocen que las zonas más problemáticas y con más vecinos expedientados son Valladares, Matamá y Coruxo.
La dejadez en cuanto a mantenimiento de fincas parece ir en aumento, ya que en todo 2007 se cerraron 212 casos y en lo que va de este año son ya más de 186, que de media han podido suponer una recaudación de unos 14.000 euros al departamento de Medio Ambiente que las tramita.
Para llegar a la apertura de diligencias en la concejalía, es necesario que exista una denuncia previa. El Concello no actúa de oficio, y normalmente son vecinos los que ante el temor a un posible incendio, sobre todo ahora en verano, deciden alertar del mal estado de una determinada propiedad. En ese caso, el inspector se traslada y da un mes a los denunciados para que limpien antes de sancionarlos.
