Los portadores de VIH se enfrentan a diario a situaciones de discriminación en el ámbito sanitario y en su lugar de trabajo. Lo certifica la Fundación para la Investigación y Prevención del Sida en España (FIPSE) en un informe presentado esta misma semana y en el que se detallan casi seiscientos casos de vulneración de sus derechos durante 2005, la mayoría de ellos relacionados con la falta de confidencialidad.
Determinar hasta qué punto protege la legislación actual los datos personales de los seropositivos y la formulación de nuevas medidas que garanticen un tratamiento y registro obligatorio de los mismos no discriminatorio conforman el objeto de la investigación en la que están inmersos un grupo de expertos de la Universidad de Vigo.
El proyecto, concedido por el Ministerio de Educación y con una subvención de 24.200 euros, está dirigido por la profesora de Filosofía del Derecho, Ana Garriga Domínguez. Su equipo, con sede en el campus de Ourense, está integrado por otros tres docentes, una becaria predoctoral y un alumno de tercer ciclo.
El estudio, que deberá estar finalizado en 2009, se centrará, aunque no de forma exclusiva, en la protección de los datos relativos al VIH en el ámbito sanitario, tanto público como privado. "Es donde se utilizan de forma mayoritaria estas informaciones con fines de asistencia, salud pública, epidemiológicos o de investigación científica, entre otros", explica Garriga.
De esta forma, los registros de sida, su creación, cesión de datos a los mismos desde las instituciones y centros sanitarios, su utilización y los mecanismos de seguridad ocuparán una "posición central" en la investigación. Desde una perspectiva ético-jurídica se analizarán "supuestos relacionados con la cesión de esta información a terceros y el riesgo que tales operaciones pueden implicar para el derecho a la no discriminación del paciente".
El grupo estudiará las principales resoluciones de los tribunales españoles y de derecho comparado sobre la materia, que es "muy numerosa", además de "contradictoria".
El propio Ministerio de Sanidad fue obligado en 2004 por la Audiencia Nacional a destruir 70.000 fichas de un Sistema de Información de Nuevas Infecciones por VIH (SINIVIH) tras las denuncias de varios colectivos. Sin embargo, se han creado registros similares en muchas comunidades, aunque el gallego también fue suspendido en el año 2005 por el Tribunal Superior de Xustiza.
El Gobierno sí dispone de un registro nacional al que deben notificarse todos los casos de sida detectados y cuyos últimos datos, respecto al año 2005, reflejan alrededor de 1.600. Se calcula que en el territorio nacional viven unos 150.000 portadores de VIH.
Según el informe de FIPSE, la tasa de población con sida en las provincias gallegas es de uno por mil habitantes, aunque en Lugo desciende a cinco por diez mil.
