El pasillo se ha convertido en el trayecto más temido para los que reciben empujones y golpes sin poder identificar de dónde proceden. Insultos por la espalda, irrupciones en las clases o boicot son las vejaciones que algunos docentes sufren dentro y fuera de las aulas. "Despídete del coche" es una de las amenazas más fuertes que han llegado a oídos del sindicato docente ANPE.

Cinco profesores de institutos de Vigo decidieron llamar al teléfono del Defensor del Profesor el mes pasado para explicar su situación y alguno para alertar de amenazas e insultos de sus alumnos "durante las clases e incluso en los exámenes". A través del teléfono se ofrece asesoramiento a nivel psicológico, de temas administrativos y también jurídicos, puesto que algunos docentes "piensan en denunciar a través del Juzgado", comentan los responsables. Esta línea telefónica del sindicato docente ANPE no ha dejado de sonar desde su puesta en funcionamiento y Vigo es el municipio que registra más llamadas, según sus operarios. Comenzó trabajando sólo dos días de la semana y ya recibe alertas de profesores los cinco días.

Los diferentes centros educativos de Vigo aseguran que vigilan de cerca los posibles casos de violencia dentro de las aulas y en los patios de recreo, en donde han llegado a aumentar con cinco profesores las "patrullas" que controlan casos potenciales de acoso entre alumnos.

Aun así, cuando a un alumno se le abre un expediente disciplinario por faltas graves o por acumulación de faltas de convivencia en el centro, comienza un trámite fijado desde la legislación por la Consellería de Educación. Se nombra a un juez instructor, que es un profesor del centro; se comunica a los padres que se instruye el expediente y luego se escucha el testimonio del escolar o afectados (en caso de una pelea). "Se le entrega al director del centro una propuesta con la medida correctora y luego éste debe dar cuenta al consello escolar", explican en Educación. A petición de los padres se podrá pedir al director del centro que revise el proceso. Las sanciones varían desde aislar al escolar en la biblioteca para que realice sus

tareas a ser expulsado de clase, por un tiempo que oscila entre los tres a los 28 días. La medida más grave consiste en el traslado a otro centro educativo.