La sequía y el alza de los precios ahogan al rural gallego. Agricultores y ganaderos se enfrentan a una nueva crisis en pleno endurecimiento de las exigencias medioambientales a las explotaciones, con las facturas de la luz y el combustible disparadas, y en los últimos meses en medio de una fuerte sequía, agravada por la ola de calor del pasado mes de julio. Los embalses de abastecimiento en Galicia no llegan en la actualidad al 60% de ocupación, casi 20 puntos menos que hace un año. Ante esta situación de déficit hídrico, que llevó a decretar la alerta por sequía en toda la comunidad, varios ayuntamientos se vieron obligados a prohibir el riego y el llenado de piscinas e incluso cortaron puntualmente el suministro de agua. Los cada vez más frecuentes episodios de sequía y la previsión de un otoño cálido y seco ponen contra las cuerdas a un sector que trataba de sobrevivir a los bajos precios en origen. Echan cuentas, pero los números salen en rojo con cada factura que entra en sus explotaciones. Las pérdidas se sitúan entre un 20 y un 50% de sus producciones, a lo que hay que sumar los sobrecostes por el alza de los precios, según detallan desde Unións Agrarias (UUAA).
Dos de los cultivos más dañados por las altas temperaturas de este verano en Galicia son la uva, con caídas en la producción en un 20%, y la patata, con una merma en la cosecha del 30%.
En el conjunto del país, la ola de calor y el alza del los precios dejará un agujero en el sector agroganadero de al menos 8.000 millones, según apunta Asaja. Desde la organización agraria, reclamaron este verano al Gobierno central que se pusiera al frente de la gestión de la crisis “como han hecho otros gobiernos europeos” y presenten un plan de choque contra la sequía. El colectivo denunció hace apenas un mes que las medidas fiscales y financieras anunciadas por el Ejecutivo de Sánchez en marzo para apoyar al sector todavía no se están aplicando. Se trata de apoyos en los ámbitos fiscal, laboral, financiero e hidráulico que implican a seis ministerios con un alcance de 450 millones. En ese real decreto incluye una reducción a agricultores y ganaderos del 20 % en los módulos del IRPF y acceder a líneas de créditos ventajosas.
Pero el sector sigue a la espera de un plan de choque contra la sequía y no descarta movilizaciones si el Gobierno no mueve ficha.
La ausencia de pastos y el encarecimiento de los piensos han puesto en jaque a la ganadería. En el caso de los cereales, la pérdida en Galicia se sitúa entre un 20 y un 50%, dependiendo de la zona, por esas altas temperaturas y la falta de precipitaciones. Esto, según cálculos de UUAA, se traduce en unas pérdidas de al menos 100 millones de euros. Pero a esta merma en la cosecha de maíz, hay que añadir –advierten desde la central sindical– el sobrecoste de la siembra por el encarecimiento de los precios, con una media de 100 a 200 euros por explotación. “Con estos episodios de sequía extrema, cada vez más frecuente, el desembolso es mayor en la siembra y en la cosecha”, alertan desde UUAA.
Esta nueva crisis lleva vislumbrándose en el horizonte ya desde principios de año, con un invierno muy deficitario en lluvias y donde volvieron a saltar las alarmas después de 5 años, desde 2017, que no se vivía una situación semejante en el campo. En el sector ganadero, la falta de pastos naturales y el incremento desorbitado de los costes de alimentación del ganado han llevado a los productores a situaciones límite, viéndose obligados a echar el cierre en sus explotaciones o a sacrificar cabezas de ganado ante la imposibilidad de asumir estos costes ni poder repercutirlos en los siguientes eslabones de la cadena.
En ganadería, hay que contar el coste extra del suplemento de alimentación del ganado ante la falta de pastos. Los que han ensilado han tenido dos cortes –el último en abril– porque a partir de junio, con las altas temperaturas y la falta de lluvias han tenido una pérdida entorno al 20%. Y el coste del abono ha supuesto un encarecimiento de la producción entre un 30 y un 40%.
A esto se suma también la falta de agua para los animales, que ha obligado a los ganaderos a hacer inversiones extra para realizar captaciones y construir pozos para atender las necesidades de su ganado y de su explotación.
