Hace un año entraba en vigor la Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, que reconoce la muerte digna para todos aquellos pacientes que se encuentren en un estado de “padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”. Desde entonces los servicios de sanitarios han ayudado a morir en España a 180 personas. En Galicia se recibieron un total de 19 solicitudes, según los datos de la Consellería de Sanidade. Se practicaron ya cuatro eutanasias. El resto de casos se encuentran en su mayoría en tramitación, aunque no todos pues puede haber personas que desistan o que fallezcan durante el proceso.
El perfil de las personas que solicitan la eutanasia en Galicia, según la asociación Derecho a Morir Dignamente, es “muy variado” desde personas nonagenarias hasta otras a las que se les ha diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Se pueden acoger a la eutanasia casos de personas afectadas por enfermedades graves e incurables como cánceres muy avanzados,fallos cardíacos, renales o pulmonares...
Hace doce meses, España se convirtió en el sexto país del mundo en despenalizar la ayuda para morir como una prestación más del sistema público de salud, tras años de lucha por parte de pacientes y activistas como Ramón Sampedro. La ley se aprobó en el Congreso de los Diputados con los votos a favor de todos los partidos, salvo PP, Vox y UPN.
Desde entonces en España se practicaron 180 eutanasias, de las cuales en 22 casos se han donado sus órganos y se ha permitido realizar 68 trasplantes.
Aún así, su puesta en práctica ha sido muy desigual. Cataluña y País Vasco se sitúan a la cabeza en número de solicitudes aceptadas, sobre todo a la primera, con 60 eutanasias practicadas y 25 en Euskadi, mientras que Andalucía y Madrid “han arrastrado los pies”, en palabras de Javier Velasco, presidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD). En la primera se han practicado 11 eutanasias y en la segunda 19, pese a que tienen un gran volumen de población.
Y es que a Andalucía no creó la Comisión de Garantía y Evaluación, que debe autorizar cada petición, hasta el pasado diciembre, mientras que en Madrid no estuvo lista hasta octubre, cuando la ley marcaba como fecha tope la entrada en vigor, es decir, el 25 de junio del año pasado.
En Galicia se creó esta comisión el 9 de julio, lo que permitió aplicar la ley prácticamente desde su entrada en vigor. Este grupo, conformado por siete médicos, dos profesionales de enfermería y tres juristas, es el que tiene la última palabra en la autorización de la eutanasia en caso de que haya discrepancias entre los dos facultativos que intervienen en el proceso para autorizar la muerte digna.
En todo caso, la tardanza en nombrar estas comisiones no es lo único que explica la disparidad entre autonomías en la aplicación de la Ley de la Eutanasia.
Según defiende la asociación Derecho a Morir Dignamente, en Cataluña y Euskadi se dio más difusión a la ley tanto entre la ciudadanía como entre los profesionales sanitarios que tienen que aplicarla.
En este sentido, esta asociación reclama en Galicia más formación de los profesionales sanitarios y más información para difundir el “derecho” a solicitar la eutanasia, en base a los requisitos establecidos por la ley.
La vicepresidenta de Derecho a Morir Dignamente en Galicia, Isabel Blanco, explica que son numerosas las solicitudes de información que reciben, una cuestión que vincula con la falta de formación en esta materia por parte de los profesionales sanitarios. “La gente va a pedir al centro de salud información y no saben”, asegura.
En Cataluña, Euskadi, Navarra y Canarias se ha fomentado además la liberalización de las agendas de los sanitarios que reciben una petición de ayuda para morir, dado que sobre todo en Atención Primaria están desbordados de trabajo y eso puede demorar la tramitación de la eutanasia.
Pero la ley reconoce, en todo caso, el derecho de los médicos a la objeción de conciencia. En Galicia, a febrero de 2022, había un total de 128 médicos que manifestaron su negativa a involucrarse en eutanasias por razones éticas.
También en la objeción de conciencia hay diferencias entre comunidades. En Cataluña con 137 solicitudes solo hubo 167 objetores mientras que en Madrid con 19 eutanasias practicadas hubo hasta 2.820 médicos que se negaron a practicarlas.
Pero no solo hay obstáculos para acogerse a la eutanasia en la sanidad pública. La prestación de la ayuda a morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados y concertados. Sin embargo, de las 180 eutanasias practicadas en España, solo “dos o tres” se han realizado en la sanidad privada.
Los pacientes que así lo deseen pueden dejar constancia en su testamento vital de que se le aplique la eutanasia si llega el momento. Un tercio de los gallegos que suscribieron documentos con instrucciones previas entre junio y enero de este año se pronunciaron al respecto.
Muere Xesús Vázquez
Aquejado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), fue un firme defensor de la eutanasia. Falleció ayer de manera inesperada. Aunque no llegó a pedir ayuda para morir, reivindicó la ley que vio la luz hace ahora un año e hizo campaña a través de las redes sociales para concienciar sobre la necesidad de legislar sobre la muerte digna.Para él la eutanasia era su plan B en caso de que su enfermedad le provocase un deterioro que le afectase a los músculos de la deglución o le impidiese coger aire y así lo hizo constar en su testamento vital.
