Los concellos no son los únicos que prestan servicios básicos (agua, recogida de basura y transporte) sin contrato en vigor con la empresa que los gestiona. Un tercio de las grandes concesiones de las ciudades opera de esta forma, según ha revelado a Comisión Galega da Competencia en un informe reciente. Pero también el Sergas incurre en estas prácticas, las de recibir suministros y servicios de empresas externas sin soporte contractual, como ha detectado el Consello de Contas en una fiscalización específica, aprobada el pasado julio, sobre la ejecución de los contratos entre los años 2012 y 2017. Tras analizar cómo se desarrollaron los contratos firmados en ese periodo en las áreas sanitarias de Pontevedra y de A Coruña y en los servicios centrales del Sergas, su conclusión es que en el 59% de los expedientes fiscalizados la actividad continuó más allá de la vigencia del contrato y que la Xunta pagó 40 millones de euros (el 29% del importe total analizado) “sin cobertura contractual”.
En un informe anterior Contas ya había fiscalizado la preparación, licitación y adjudicación de una selección de contratos del Sergas, por lo que en el siguiente informe decidió utilizar esos mismos expedientes para comprobar cómo había sido la ejecución de los mismos en los años siguientes. Para la muestra se tomaron como base 37 expedientes de las áreas de Pontevedra y A Coruña y de los servicios centrales que se adjudicaron por 140,3 millones de euros.
"Prolongacion de facto"
El Consello de Contas, que no aceptó las alegaciones del Servizo Galego de Saúde, censura la “prolongación de facto” de la prestación. “En determinadas ocasiones, una vez agotados los plazos de duración máxima de los contratos se sigue prestando el servicio o realizando el suministro por el mismo adjudicatario sin que mediase una nueva licitación. La satisfacción de la administración de contar con esos bienes y servicios se produce por la vía de hechos, fragmentando el objeto contractual con sucesivos contratos menores o, incluso, adjudicando directamente superando los límites cuantitativos de la citada figura”, se recoge en el informe de fiscalización selectiva aprobado el pasado año tras escuchar las alegaciones de Sanidade, indicando que de los 37 expedientes revisados, en 22 se dio esa práctica de continuar con la prestación de una empresa externa sin soporte contractual porque ya se había agotado la vigencia así como las prórrogas previstas o por razones de interés público.
“Se estima que se reconocieron obligaciones y se efectuaron pagos sin cobertura contractual por una cuantía de 40,2 millones de euros, lo que supone un 37% del gasto total ejecutado en aquellos contratos que fueron prolongados de facto, pero que se rebajaría al 29% del importe total de la muestra analizada [140,34 millones]”, observa el Consello de Contas, que también censura que como regla general el Sergas concedió prórrogas de contratos “de forma casi automática” sin que conste justificación alguna de la necesidad de ampliar su duración.
