La escalada de precios de la electricidad desde el inicio del año situó el 8 de marzo el coste del megavatio hora (MWh) en el punto más alto de la historia, con casi 545 euros de media, aunque en alguna franja horaria llegó a los 700. El encarecimiento comenzó a principios de año, cuando la cifra de alrededor de 100 euros ya suponía el doble que en 2021. A esa tendencia se añadió la guerra en Ucrania, país invadido por Rusia a finales de febrero. En ese contexto, las facturas recibidas por los gallegos desataron un aluvión de protestas ante las oficinas del Instituto Galego de Consumo e da Competencia (IGCC). En ellas se multiplicaron casi por cuatro las quejas referidas a las compañías eléctricas, mientras que el conjunto de reclamaciones incluso descendía un 0,7%.
Consumo es el órgano encargado de recibir las protestas por posibles abusos empresariales. Durante el primer trimestre del año, las reclamaciones referidas al sector energético alcanzaron las 1.999, es decir, un 233% más que las 600 del mismo período de 2021. Se pasó de una media de seis diarias a 22 y eso que no incluye abril, cuando se recibirá la factura de marzo, el mes en que el precio de la electricidad batió su récord, si bien desde entonces ha ido bajando y estabilizándose. Además, la Unión Europea permitirá a España y Portugal reducir temporalmente el precio de esta a una media de 50 euros el MWh.
Los principales motivos de queja fueron “la ausencia de facturación, las estimaciones en las facturas y los cambios de compañía”, exponen fuentes de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, de la que depende el IGCC. Reconocen incluso un cambio de tendencia por el bum del precio de la luz. “El número de reclamaciones se mantiene en niveles similares [al año pasado], al tiempo que se produce una subida significativa en el ámbito de las reclamaciones eléctricas, que superan a las de telecomunicaciones, sector que habitualmente ocupa el primer lugar”, añaden, en alusión a un campo vinculado a las compañías de telefonía y suministro de internet.
En el primer trimestre del año, Consumo recibió 4.898 reclamaciones frente a las 4.937 del año anterior. Todos los ámbitos cayeron, caso de las citadas telecomunicaciones (de 1.459 a 1.099), excepto las vinculadas a la energía.
Una vez recibida y tramitada una reclamación por abusos empresariales, el IGCC abre una investigación que puede derivar en un expediente sancionador. Este apartado del balance de los meses de enero, febrero y marzo muestra el impacto del precio de a luz, pues estos informes de multa casi se quintuplicaron en el caso de las eléctricas, pasando de 35 a 168. Su cuantía ilustra ese aumento, pasando de 204.108 euros en el primer trimestre del año pasado a casi 1,3 millones. Es prácticamente la mitad del total, que ascendió a 2,7 millones distribuidos en 414 expedientes. El año anterior fueron 235 casos y 1,1 millones de euros.
Sectores
En ese punto, destaca el peso de la energía con 1,3 millones, frente a los 509.305 euros de salud y estética (50 expedientes), los 249.603 de industria manufacturera (56 expedientes), los 186.818 de telecomunicaciones, los 45.104 de automoción y los 2.400 del sector financiero.
Eso sí, estas cantidades no son las finalmente cobradas por Consumo. Se trata de las propuestas de sanción, pero las compañías afectadas disponen de la opción de recurrir bien para anular el castigo, bien para reducirlo. Ello sitúa el posible pago de la multa meses después. Economía no facilita la cantidad efectivamente cobrada.
