El Tribunal Constitucional resolverá la guerra abierta entre el Gobierno central y la Xunta a propósito de la ley que pretende defender el litoral y el medio ambiente, pero que pone en riesgo cientos de casas y empresas situadas en la costa de la comunidad. El pleno del Alto Tribunal acordó ayer admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad impulsado por Galicia el mes pasado.

Un artículo de la Ley de Cambio Climático, aprobada el año pasado, es al causante de este conflicto, pues fija un máximo de 75 años para la permanencia de un edificio o factoría en la zona de dominio público marítimo-terrestre, es decir, en primera línea de la costa.

Los dueños de esos inmuebles viven o trabajan en terrenos que no son de su propiedad stricto sensu, sino que se trata de concesiones temporales. Con la nueva norma, si una empresa dispone de 50 años de concesión podrá solicitar otros 25, pero sin conocer los criterios del Gobierno para obtener el permiso. Se concederán “de ser posibles”, se limita a especificar la ley.

Si ya cuentan con permiso por 75 años, tendrán “fecha de demolición”, según denunció el pasado febrero el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo tras la reunión de su Consello en que se aprobó la interposición del citado recurso.

El Ejecutivo gallego calcula que la norma afectará a 3.800 edificios de la comunidad y 232 sociedades, como conserveras, depuradoras y similares. De hecho, su aprobación ya generó una espantada de empresas de esa rama, como avanzó FARO. Frenaron sus inversiones previstas en sus instalaciones.

En su recurso, la Xunta denuncia la discrecionalidad de la medida, al entender que no se fijan criterios objetivos para autorizar prórrogas a concesiones de ocupación del espacio público marítmo-terrestre sea para inmuebles o fábricas.

La norma estatal constituye un peligro para Galicia en opinión de la Xunta, pues “pone en riesgo la viabilidad de las empresas que diseñaron sus planes empresariales de acuerdo con los plazos anteriormente previstos”. Suscita “grandes dudas respecto al derecho vigente”.

No se trata del único asunto conflictivo vinculado a la regulación del litoral. El Gobierno ultima el nuevo reglamento general de costas que modifica el de 2014, que incorpora criterios más laxos para revisar los deslindes del litoral. La administración central, por tanto, tendrá más fácil incrementar las zonas de protección y ampliar también la afección a edificaciones que hasta ahora quedaban fuera del ámbito de intervención de la legislación de costas, como avanzó FARO.

Entre otras modificaciones, ese reglamento prohíbe el cambio de usos en las construcciones que se encuentren en la zona de servidumbre de protección –una franja de cien metros de ancho en el rural a partir de la línea de playa y de 20 metros en suelo urbano–. Esta prohibición cuenta con el rechazo total de la Xunta, en cuyas alegaciones al proyecto de reglamento reprocha el doble rasero y la disparidad de criterios del Gobierno central, pues mientras el Ministerio de Transición Energética bloquea los cambios de uso en los edificios de propiedad privada, el de Transportes sí está permitiendo, por su parte, que los faros que han perdido su funcionalidad se puedan convertir en hoteles para darles una segunda oportunidad.