Uno de los motivos mas recientes para argumentar la tesis de que Galicia no recibe de este Gobierno central el mismo trato que otras comunidades –y, en concreto las que, como esta, son reconocidas nacionalidades históricas– acaba de publicarlo este periódico. La noticia se refería a la petición elevada al Ministerio correspondiente por la Xunta para hacerse cargo de la gestión del llamado ingreso mínimo vital, un reinvento del extinto –gubernamentalmente hablando, claro– Pablo Iglesias y que, según los datos estadísticos oficiales, apenas llega a algo más de un tercio de quienes lo solicitaron, que para mayor escarnio no todos ni mucho menos lo reciben con regularidad.
La petición de la Consellería de Política Social de la Xunta estaría del todo justificada, especialmente en el marco de la “cogobernanza” y a la vista de esos datos, pero se refuerza sin más –y con ella la afirmación de que Galicia es peor tratada que otras comunidades– cuando se concreta que Euskadi y Cataluña, curiosamente –pero no de forma casual– gobernadas por aliados parlamentarios indispensables para el Gobierno que preside don Pedro Sánchez, gestionan ya esa parcela: en ese sentido, una negativa carecería de fundamento lógico.
(Más todavía cuando se da la circunstancia de que Galicia tiene ya desde hace treinta años una Renta de Inserción Social, aprobada durante el mandato del señor Fraga siendo titular de Trabajo don Manuel Pérez, exalcalde de Vigo. Y la Risga ha funcionado razonablemente bien desde entonces, aunque como quedó dicho ya, la burocracia gallega no es mucho mejor en cuanto a la agilidad de tramitación que la española. Eso permitiría, entre otras mejoras –la del acercamiento de la Administración a los administrados, por ejemplo–, eliminar el desbarajuste que significan las actuaciones de cualquiera de las áreas encomendadas a Podemos.)
Conste que esta cuestión, que entra en el terreno de las competencias autonómicas, supone si no se concede algo más que una prueba de que este Reino está en el escalafón de malos tratos políticos. Permite replantear algo que parece tabú pero que, bien mirado, podría aportar salidas mejores que las que ahora baraja el gobierno del señor Sánchez para buscar soluciones al problema político territorial de España. Una reforma de los tres textos básicos de las respectivas nacionalidades históricas serviría para contribuir a la equiparación entre ellas y cuidando de no producir una diferencia lesiva para todas las demás.
La posibilidad de una reforma del Estatuto de Galicia se planteó durante el gobierno, presidido por don Emilio Pérez Touriño, formado por PSOE y BNG entre 2005 y 2009. Y a pesar de las reticencias de la entonces oposición, cuya jefatura ostentaba el señor Feijóo, hubo aproximaciones importantes en las negociaciones abiertas entre los grupos parlamentarios. No se llegó al consenso a causa de la definición de Galicia, pero se alcanzaron acuerdos en asuntos de notable profundidad política, como debe constar en las actas de las sesiones. Que, por cierto, deberían ser repasadas por algunos de los diputados y diputadas del PPdeG. Sería útil, además de conveniente.
