El Supremo ordena al Estado abonar ya 14 millones a Audasa por liberalizar los peajes

La concesionaria de la AP-9 reclamó ejecutar la sentencia que le reconoció una indemnización al reducirle sus ingresos

Cabinas del peaje de de la AP-9 en O Morrazo.   | // GONZALO NÚÑEZ

Cabinas del peaje de de la AP-9 en O Morrazo. | // GONZALO NÚÑEZ / M. Villar

M. Villar

El Tribunal Supremo declaró en una sentencia de febrero de este año que el Estado debía abonarle a la concesionaria de Autopistas del Atlántico (Audasa) la diferencia del dinero que dejó de cobrar al reducirle el Ministerio de Fomento en 2017 la compensación por la supresión de los peajes de Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala. Cinco meses después la concesionaria presentó un incidente de ejecución para que se ejecutase dicha sentencia y se fijase ya la cuantía exacta. El Supremo acaba de emitir un auto en el que de nuevo le da la razón a Audasa y establece ya la cantidad exacta: el Gobierno central debe abonarle 13.883.196 euros y de forma inmediata.

En el año 2006 el Estado, la Xunta y la concesionaria acordaron pasar al sistema de peaje en sombra en los tramos de autopista de Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala, para hacer gratuitos estos recorridos para los usuarios y pasando a pagar los Ejecutivos central y autonómico. Sin embargo en 2017, con el Gobierno de Mariano Rajoy, entró en vigor un Real Decreto que cambió este régimen retributivo porque la Administración General del Estado entendió que Autopistas estaba ganando más dinero con este sistema y se producía un “enriquecimiento injusto”. El Estado además acordó asumir en solitario la competencia y pago de estos peajes, sin la Xunta.

Con este cambio de 2017, Fomento pasó de pagar 14 a 7 millones anuales a Audasa. La concesionaria impugnó este Real Decreto de 2017 que le recortó sus ingresos a la mitad y en febrero de este año el Supremo le dio la razón, y ordenó compensarla por los perjuicios de esta reducción.

Los abogados de Audasa reclamaron la ejecución de esta sentencia y de nuevo el Supremo estima su petición. El ministerio tiene que abonarle ya este dinero, y además, según figura en el auto emitido hace unos días, ratifica que es el Gobierno central el que tiene que pagar, pero además apunta que puede reclamarle a la Xunta parte de este dinero: “Sobre el sujeto obligado al pago porque la sentencia expresamente impone la condena a la Administración General del Estado, sin perjuicio del derecho que pueda asistirle frente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia”.

El Alto Tribunal precisa que esta cuestión en concreto, sobre si la Xunta debe pagar parte de este dinero, es “ajena por completo a la pretensión articulada por la parte ejecutante y al ámbito de ejecución fijado en la sentencia”.

La Comisión Europea resolvió en septiembre de este año que las tres prórrogas otorgadas a la concesión de la autopista AP-9 se hicieron de forma ilegal, porque se dieron de forma directa, sin que otras empresas, posibles competidoras, pudiesen optar y presentar ofertas más ventajosas para los usuarios de la autopista (y para la Administración). Europa comunicó a España su intención de emprender acciones legales si no se actúa contra las sucesivas prórrogas que distintos gobiernos han ido otorgando a Audasa hasta el año 2048, de forma ilegal, según estima.