Sus presidentes pertenecen a partidos distintos, uno al PP y otro al PSOE, pero esta circunstancia no es impedimento para que las comunidades de Galicia y Asturias sean capaces de ir de la mano y enarbolar una bandera común cuando se trata de defender intereses compartidos. Una conexión que va más allá de afinidades personales entre sus respectivos presidentes porque aunque el gallego es el mismo, Alberto Núñez Feijóo, el asturiano ha cambiado, pasando de Javier Fernández a Adrián Barbón (ambos del PSOE) sin que la relación entre ambas autonomías se resienta.
El pasado viernes volvieron a escenificar la buena conexión en Oviedo. El motivo fue el acto en el que la Asociación Día de Galicia en Asturias distinguió con la insignia de oro al director general del Banco Sabadell-Gallego, Pablo Junceda, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Allí estuvieron Feijóo y Barbón, quienes aprovecharon sus respectivos discursos para defender la necesidad de colaborar entre regiones en asuntos como la reforma del sistema de financiación o la mejora de las infraestructuras. “Defendemos intereses comunes, no vamos contra nadie”, reivindicó el titular de la Xunta. Mientras, Barbón se negó a hablar de “frentes” y reclamó el derecho de cada autonomía a “crear alianzas que defienden lo que consideran mejor”.
Desafío inminente
La financiación autonómica, cuya negociación se abrirá el próximo mes de noviembre, une de nuevo a las dos autonomías. Ya en 2018 firmaron la Declaración de Zaragoza, junto con Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, alianza que se reeditará en octubre y a la que, posiblemente, se sumará Cantabria, para que el nuevo modelo afronte el reto demográfico con mayor intensidad y que se tenga más en cuenta la dispersión de población y el coste de los servicios públicos básicos.
Es cierto que eluden hablar de “frentes”, pero las alianzas por afinidades territoriales y socioeconómicas existen – y ya se verá sin son más consistentes que la pertenencia a un partido–. Porque fuera de la Declaración de Zaragoza hay otras “coaliciones”, como la de Valencia y Andalucía con Murcia, y comunidades que defienden criterios totalmente distintos a estas dos “ententes”, como Madrid, Cataluña o Baleares.
La conexión astur-galaica tiene otros puntos en común. Como el frente que formaron con Castilla y León para reclamar en su día la inclusión del Noroeste en el Corredor Atlántico del tren de mercancías –objetivo que se consiguió–, cifrando en 3.000 millones de euros la inversión inicial para adecuar las vías a los estándares de calidad que exige la UE. Y ahora tienen otra batalla conjunta, que es la de intentar revertir la prohibición de cazar lobos, que entró en vigor el miércoles de la pasada semana.
