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Galicia y otras 5 autonomías contraprograman una cumbre sobre financiación tras el pacto Moreno-Puig

Juanma Moreno y Ximo Puig, ayer, en la reunión de Sevilla. | // EFE

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económica, Nadia Calviño, pedía ayer que en la futura negociación sobre la financiación autonómica se evitara entrar en planteamientos que generen “enfrentamientos” entre territorios. Sin embargo parece difícil, por no decir imposible, que se cumpla este anhelo del Gobierno central. Porque a la alianza sellada ayer entre Andalucía y Valencia por sus respectivos presidentes autonómicos para ir de la mano cuando se abra ese foro de discusión, respondió inmediatamente el presidente de Aragón, Javier Lambán, contraprogramando una cumbre en octubre de otras seis comunidades –entre las que figura Galicia– para pactar una postura común sobre financiación distinta al modelo valenciano-andaluz que ayer vio la luz, lo que motivó precisamente la declaración de Calviño.

Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias y Extremadura ya tienen constituido un grupo de trabajo desde el año 2018 que promovió una declaración institucional, la de Zaragoza, en la que fijaban su posición de partida para la negociación de la financiación autonómica, basada en una apuesta para combatir la despoblación y compensar los costes asociados a la prestación de unos servicios en territorios con una baja densidad poblacional.

La réplica

Tras la reunión en Sevilla de los presidentes de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), y de la Generalitat de Valencia, Ximo Puig (PSOE), el titular del Gobierno aragonés salió inmediatamente a la palestra para espetar que no compartía el modelo de las comunidades del sur.

“El modelo de financiación que yo defiendo tiene más que ver con el modelo que defiende Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Extremadura o Asturias”, dijo Javier Lambán en un acto en Zaragoza, tras lo cual indicó que está manteniendo conversaciones con los respectivos ejecutivos de esas comunidades –del PP y del PSOE– para celebrar una reunión el próximo mes de octubre.

Las reivindicaciones del Sur

En su alianza, Moreno y Puig urgen iniciar la reforma del modelo de financiación autonómica y, mientras no se llegue a un acuerdo, disponer hasta entonces de un fondo transitorio de compensación por importe de 1.700 millones de euros anuales para las dos comunidades más Murcia, debido a la “infrafinanciación” de estos territorios, que suman casi un tercio de la población de España.

Moreno y Puig firmaron una declaración institucional en la que sostienen que el actual sistema supone una “insuficiencia global” para todas las regiones, más acuciante en las comunidades peor financiadas, ya que ha sido “discriminatorio, complejo y poco transparente”.

Más capacidad para decidir los impuestos

Cifraron en 72.400 millones entre 2010 y 2018 la merma de los recursos para las comunidades autónomas porque carecen de capacidad normativa en la imposición directa y de capacidad de gestión de los grandes impuestos en los que participan, por lo que consideran que deben ser “partícipes” de las decisiones que afectan a estas tasas.

Además, la Junta y la Generalitat son partidarias de mejorar la capacidad tributaria de las comunidades para aumentar la “corresponsabilidad fiscal” con un cambio de estructura, especialmente en materia de imposición medioambiental, punto sobre el que ambos presidentes explicaron que no se trataría de subir impuestos, sino de poder decidir la cartera de tributos.

El nuevo modelo de financiación autonómica que piden ambos presidentes debería destinar más recursos a las comunidades en global y “corregir la inequidad horizontal”, basándose en el concepto de población ajustada, según el documento acordado.

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