La pandemia y el estado de alarma provocaron, entre otras consecuencias, una reducción de toda la actividad económica y también de los trámites ante las administraciones públicas. Esta circunstancia se notó en los recursos que las empresas presentaron ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) contra las licitaciones y adjudicaciones de obras, servicios o suministros realizadas por la Xunta, los ayuntamientos, las diputaciones y las universidades. El número cayó un 26,3% hasta los 272, pero en cambio se incrementó, en otro 26%, el importe de los contratos impugnados: la cifra se elevó hasta los 2.792 millones de euros, casi 572 más que en 2019. Nunca se habían alcanzado semejantes dígitos desde que comenzó a funcionar el Tacgal en el año 2018.
Además se ha producido un cambio en el objeto de la litigiosidad. Tradicionalmente es la Xunta –y sus entes autonómicos– el principal foco de los recursos. En este sector concentran mayoritariamente las empresas sus impugnaciones –las licitaciones y adjudicaciones del Estado se discuten en un órgano central en Madrid–. Pero en 2020 la Administración autonómica cedió el testigo. De recibir en 2019 el 51,5% de los recursos pasó el año pasado al 39,3%. Y los que registraron un incremento, además sustancial, de las impugnaciones fueron los ayuntamientos y las diputaciones, cuyos contratos en disputa supusieron el 56% de los 272 conflictos abiertos.
Vía específica
Al igual que existe un tribunal administrativo específico al que pueden acudir los contribuyentes –al margen de la justicia ordinaria– cuando están disconformes con lo que pagan por un impuesto, las empresas también disponen en Galicia de un órgano similar para recurrir los pliegos de condiciones de las licitaciones o las adjudicaciones de contratos públicos de obra, suministro o servicio cuando estas las promueven la Xunta, los ayuntamientos, las diputaciones o las universidades. Es el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, creado en 2018 y en el que se resuelven las mismas batallas que desde 2010 –fecha de su creación– se dirimían en el Tribunal Central de Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Hacienda. En este órgano de Madrid se siguen planteando las disconformidades cuando el actor licitador es el Estado.
Al caer el número de recursos presentados el pasado año ante el Tacgal –de 342 a 252–, pero incrementarse hasta los casi 2.800 millones de euros el importe de los concursos impugnados, de esto se deduce que las empresas se centraron en los contratos de mayor valor. No obstante, no se puede recurrir por el simple hecho de hacerlo. Se debe argumentar. Si el tribunal aprecia temeridad o mala fe por parte de las firmas se le puede imponer una multa de entre 1.000 y 30.000 euros. Y esto es lo que hizo contra dos empresas, si bien en su memoria del año pasado no detalla el importe de las sanciones. Además, como no pagaron la multa, el Tacgal las remitió a la Axencia Tributaria de Galicia para que proceda a su recaudación.
De los 252 recursos presentados, el 28,6% prosperó al ser estimados total o parcialmente, si bien uno de cada cinco del total no fue admitido y la mitad resultaron desestimados tras ser estudiados a fondo.
Los servicios, los más impugnados
Por tipología, los contratos de servicios son los más recurridos, representando 65% de los totales, seguidos por los de suministros (20%) y concesión de servicios (12%). Las adjudicaciones de obras representan solo el 2%. “Destacar en este sentido la cada vez mayor preponderancia de recursos en las licitaciones de contratos de servicios, en clara contraposición con la práctica inexistencia de esta vía de impugnación en el ámbito del contrato de obras”, destaca el tribunal. Circunstancia que tiene ver con la exigencia de un mayor importe de las licitaciones en esta materia para poder acudir a este medio de reclamación.
En todo caso, las empresas que están en desacuerdo con las resoluciones del Tacgal pueden emprender la vía judicial a través de los juzgados ordinarios. Y esto es lo que pasa con el 6,8% de los pronunciamientos.
Si hay un departamento que concentra las quejas y litigios del sector empresarial en la comunidad gallega, es el Sergas. Aglutina el 32%% de los recursos presentados contra la Xunta, lo que llama también la atención al Tacgal.
