Delitos contra la salud pública, robos y lesiones han sido durante el último cuarto de siglo los que más ha perdonado el Gobierno central en Galicia. Pero también figuran condenados por homicidios, por delitos contra la Administración, la Constitución, el orden público o la intimidad. Desde el año 1996, los distintos ejecutivos, tanto populares como socialistas, concedieron en España un total de 10.652 indultos, 556 de ellos a condenados en la comunidad gallega, según el listado que confecciona la fundación Civio recopilando las publicaciones en los Boletines Oficiales del Estado. Solo en la última década, esta medida de gracia benefició en Galicia a 75 reclusos, con un pico máximo en 2012 con 38 frente a las cero concesiones registradas tanto en 2017 como 2017.
El balance de indultos, que estos días marca la agenda política por los presos del procés, coloca a Galicia como la séptima comunidad con el mayor número de beneficios penitenciarios, con Madrid (2.125), Andalucía (1.908) y Cataluña (1.209) a la cabeza. Mientras que en el otro extremo están La Rioja (64), Navarra (102) y Baleares (145).
La Ley de Indulto de 1870 ha permitido sacar a la calle o recortar penas a cambio de abonar multas o de realizar servicios a la comunidad. Esta medida la puede solicitar tanto el propio penado como algún familiar o cualquier otra persona en su nombre, así como los tribunales de justicia, o impulsarla el propio Gobierno.
Ningún delito está excluido de este perdón; el único requisito es que el delincuente haya sido condenado por sentencia firme. Una vez tramitada una solicitud, el responsable de la prisión debe hacer un informe sobre su comportamiento y el fiscal y la persona afectada por el delito darán su opinión sobre el posible indulto. Con esta información, el tribunal que sentenció a la persona debe hacer un informe sobre el condenado: edad, profesión, si ha sido procesado anteriormente, las circunstancias de su delito, si tuvo prisión preventiva, el tiempo de pena cumplido… y una conclusión sobre si se debe o no conceder la libertad o la reducción de pena. Una vez recibido el informe, el Gobierno decide si se concede o no el indulto.
El primero
Dentro de la historia reciente de los indultos en Galicia, el primero que recoge el BOE corresponde a la administración socialista, en 1996, con Juan Alberto Belloch al frente de Justicia. La firma del rey Juan Carlos I servía el 15 de enero de ese año para que la condena a un hombre a seis meses y un día de prisión menor por un delito de robo, por el que había sido condenado por la Audiencia de Pontevedra en 1994.
La primera mujer indultada en el último cuarto de siglo en la comunidad fue a finales de ese mismo año (27 de diciembre), pero con Margarita Mariscal de Gante en la cartera de Justicia. La indultada había sido condenada por un delito de receptación a seis meses y un día de prisión menor y multa de 100.000 pesetas.
La mayoría de los indultados son hombres, una situación que obedece al mapa de la población reclusa, con muchas menos mujeres entre rejas. En estos últimos 25 años, en Galicia se acogieron a esta medida de gracia 472 presos varones y 84 mujeres. Es decir, por cada indulto concedido a una reclusa se han dado seis a hombres.
En la historia de los beneficios penitenciarios de Galicia, los Ejecutivos populares han sido los que más condenados han indultado: 310 frente a los 216 de los Gobiernos socialistas. Las etapas de Margarita Mariscal de Gante, en el primer mandato de Aznar, y de Juan Fernando López Aguilar, en el primero de Zapatero, concentraron el mayor número de estas medida de gracia: 143 y 95, respectivamente. También destacanel período de Ángel Acebes y Alberto Ruiz-Gallardón (PP), con 91 y 53 en cada caso. Cuando menos se concedieron fue en el actual mandato de Juan Carlos Campo Moreno (uno) y de su predecesora, Dolores Delgado (4).
La mayoría de las condenas que acabaron indultadas por los distintos gobiernos fueron a personas sentenciadas por delitos contra la seguridad colectiva (181), de las que 143 fueron por infracciones penales contra la salud pública (tráfico de drogas) y 38 por seguridad vial. Con un volumen similar están los beneficios carcelarios a condenados por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. En este caso, destacan los robos (113), seguidos de lejos por las defraudaciones (32), los hurtos (8) y el blanqueo de capitales (7). En el tercer puesto del ranking de indultos de la comunidad están las lesiones (80 beneficiados), junto con los delitos contra el Código Militar y las faltas (46 en cada tipo) y los delitos contra el orden público (38).
En 25 años, 141 condenados por delitos de homicidio vieron reducidas sus condenas en España tras el visto bueno del Consejo de Ministros. En Galicia, fueron cuatro los presos –dos hombres y dos mujeres– indultados por el Gobierno por condenas de ese tipo.
La AVT carga contra el Ejecutivo por tramitar un indulto para el grapo vigués García Vidal
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) lamentó ayer que el Gobierno “favorezca la impunidad” mediante la tramitación de un indulto para el grapo Xurxo García Vidal, condenado en 2009 a 68 años de cárcel como responsable de la última víctima mortal de la banda terrorista, Ana Isabel Herrero. En un comunicado, la AVT reacciona a la información publicada por “El Confidencial” recordando que el Grapo sigue sin decretar su disolución, por lo que la medida de gracia, “que además cuenta con el aval del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, la Fiscalía y la cárcel de Ocaña (Castilla-La Mancha), “será legal, pero para nada es moral”. “Con este tipo de medidas, el Gobierno de Sánchez y el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional demuestran que están más preocupado por el bienestar de los terroristas, unos asesinos que en su día intentaron destrozar los cimientos democráticos de nuestra sociedad, que por las víctimas del terrorismo”, cuestiona la AVT, molesta por la falta de información en relación con estos expedientes, informa Europa Press. Con este tipo de decisiones, concluye la AVT, el Estado y sus diferentes poderes “están fallando a las víctimas del terrorismo”. “Demuestra que está más preocupado en las demandas de los terroristas que en la reparación a las propias víctimas, que no sólo es material, sino también moral, algo que se consigue a través de la Justicia”, lamentan.
