La investigadora en Ecología de la facultad de Biología de la Universidad de Santiago, Zulema Varela, no sabe a sus 39 años qué será de su carrera científica más allá del mes de mayo del próximo año. Su periplo científico –como el de muchos investigadores– discurrió por las Universidades de Trieste en Italia, la de Concepción en Chile y la de Lisboa, ya como posdoctorada. “El contrato de la Xunta se nos acababa en noviembre de 2021 y nos prorrogaron seis meses, pero no sabemos qué va a ser... no hay una figura de estabilización”, lamenta la también integrante de Rede Galega pola Investigación, “Investigal”. Este colectivo del que ya forman parte unos 300 investigadores gallegos prevé concentrarse en Santiago contra la reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación que prepara el Ministerio de Pedro Duque. Ya lo han solicitado para el próximo jueves 15 de abril (18.00 horas), a la par de las movilizaciones de la plataforma estatal Marea Roja de la investigación, en Madrid, Valencia y Sevilla.
“Es claramente insuficiente y sigue perpetuando la precariedad en el sector, sin garantizar el pleno derecho laboral desde el inicio hasta el final de la carrera de todo el personal de investigación”, coinciden. En palabras de la bióloga gallega Zulema Varela “es una ley con mucho ruido y pocas nueces, que no soluciona ninguno de los problemas que arrastramos, como el derecho a la indemnización por finalización de contrato; uno de los compromisos adquiridos con los colectivos de investigación predoctorales o el estatuto de investigadores posdoctorales y la unificación de salarios”, añade. En general, lo que más lamenta esta investigadora es la pérdida de profesionales ya formados en España cuya figura aún no se ha ‘estabilizado’ catorce años después. “Te forman, pero luego no tienes continuidad”, razona. Por eso, el futuro de muchos investigadores está en el extranjero o en el fin de su carrera científica.
Hoy, integrantes de “Investigal” se reunirán con la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, con el asunto de la ‘penalización’ de las bajas de maternidad en el ámbito científico, sobre el tapete. No es la primera vez que abordan esta temática. El pasado mes presentaron 1.000 firmas al parlamento para el apoyo a la “Lei Ángeles Alvariño” de Igualdade en Ciencia y en fechas recientes, conversaron con el secretario Xeral de Universidade.
Pero los testimonios similares se repiten: “Cuando se me acabe este contrato, soy consciente de que se acaba mi carrera como investigador”, asegura el biólogo evolutivo gallego Andrés Pérez Figueroa. Trabaja en Genética, contratado por proyecto con cargo a financiación de Portugal. “Sé que no tengo más posibilidades y esta ley no me da esperanza a mayores”, explica a sus 43 años y luego de 15 en la carrera científica. “Soy mayor ya para optar a las nuevas convocatorias porque me doctoré en 2005; uno más de la ‘generación de las becas Alvariño’ [por el Programa Ángeles Alvariño, para cubrir sus estancias en el extranjero], que al final estamos o fuera del sistema o fuera del país”, relata. Pérez Figueroa explica que, en su caso, se le ha ‘penalizado’ a nivel de méritos curriculares por no generar una línea propia de investigación y, también, por haber apostado a quedarse en España. “Jugué mal mis cartas, pero me cambiaron las reglas del juego a mitad de la partida”, resume.
Volviendo a la reforma de Ley, el Ministerio de Ciencia se abre ahora a revisar la innovadora figura del ‘tenure-track’, un compromiso sujeto a una evaluación de la labor del investigador al cuarto año de superar el concurso, lo que ha sido determinante para desbloquear las negociaciones. Varios sindicatos y asociaciones de profesionales habían criticado la introducción de esta figura (’tenure-track’,) que a su juicio, aumenta la precarización aún más en la carrera investigadora. Entre ellos, las organizaciones de la Marea Roja de la investigación: “Lamentablemente, este proyecto no representa una alternativa real a las múltiples demandas históricas del sector”, aseguran, “no está diseñado para reducir la enorme precariedad existente en la comunidad de investigación, sino que se presenta como mero ajuste superficial con nulo poder transformador efectivo”.
También critican que “la reforma olvida completamente a los investigadores hospitalarios que desarrollan su actividad en los centros del Sistema Nacional de Salud, que actualmente carecen de carrera profesional, y que esta reforma tampoco desarrolla, dejándolos de nuevo en un limbo laboral”. Otros detalles que han provocado un debate intenso en el seno del Gobierno y que –aparentemente– se revisarán, son el derecho a indemnización por la finalización de contrato al personal investigador en formación, antes mencionado.
La reforma de la Ley de Ciencia tampoco incluye el desarrollo de la figura del “tecnólogo”. Se trata de los técnicos que trabajan en los laboratorios y que se dedican a la extracción de datos o al manejo de tecnología avanzada. Su regulación se encontraba contemplada en una disposición adicional de la normativa actualmente en vigor, que data de 2011. Y parece que también se producirá una revisión de este colectivo.
Entre los investigadores, otro de los puntos polémicos llegó de mano de las últimas declaraciones del Ministerio de Ciencia, que corrieron como la pólvora por Twitter al asegurar que “solo se contratará a los excelentes”. “Qué es ser excelente exactamente?”, se plantean desde los colectivos de investigadores. “¿Si no eres un Messi de la investigación, ya no puedes hacer ciencia?”, se preguntaban.
Problemas a resolver
1 Derechos laborales
No se tienen en cuenta los derechos laborales que demanda el conjunto del personal de investigación, ni las singularidades de cada una de sus trayectorias, aseguran.
2 Estabilización
No garantiza la estabilización del personal de investigación, pues la oferta de los “Tenure Track” sigue condicionada a cada OEP, y la contratación queda en manos del centro de destino y de un comité de expertos, con una evaluación final.
3 En los hospitales
La reforma olvida a los investigadores hospitalarios que desarrollan su actividad en los centros del Sistema Nacional de Salud y que actualmente carecen de carrera profesional. Por tanto, quedan en un limbo laboral, denuncia Marea Roja.
