Cada uno de los doce hospitales privados gallegos ha presentado ya ante Xunta y Gobierno central sendas reclamaciones administrativas para exigir una indemnización por haber paralizado su actividad durante los meses que duró el primer Estado de Alarma con el objeto de poner sus instalaciones y recursos al servicio de la sanidad pública en la lucha contra la pandemia. Aunque habían calculado pérdidas por 40 millones de euros, encargaron una auditoría a KPMG para cuantificar con más concreción los perjuicios que podrían ser objeto de reclamación ante la administración y este informe rebaja la posible compensación a 16 millones de euros.
En marzo del pasado año, cuando se decretó el Estado de Alarma, el Gobierno abrió la puerta a que las comunidades hicieran uso de todos los recursos de la sanidad privada, si así lo necesitaban, para combatir la pandemia. El Sergas ordenó entonces a los hospitales privados gallegos que paralizaran toda su actividad, salvo la considerada urgente, para estar preparados en caso de que necesitaran derivar pacientes. Sin embargo, finalmente esto no sucedió. No se hizo uso de los recursos de la privada. Aún así, al cesar su actividad y estar obligados a mantener el cien por cien de la plantilla operativa, estos centros hospitalarios incurrieron en pérdidas, según explican desde la Asociación de Hospitales Privados de Galicia (Ahosgal).
“Las pérdidas son mayores, pero no todas son reclamables”, señalan. Se tiene en cuenta el lucro cesante por haber estado parados y los gastos de personal que tuvieron que abonar durante los tres meses y medio que duró el Estado de Alarma. En total, algo más de 16 millones de euros, según la auditoría contratada a KPMG.
Cada hospital presentó por separado su reclamación administrativa. En algunos casos, esta demanda fue dirigida al Sergas, en otros al Gobierno central y en algún caso a las dos administraciones. “Depende de la estrategia legal de cada centro”, explican desde Ahosgal.
No está claro quien debe asumir la factura, puesto que fue el Gobierno quien decretó el Estado de Alarma, pero el Sergas terminó aplicando la orden de paralizar la actividad en la privada. Además, desde la patronal de los hospitales privados recuerdan que la Xunta recibió 268 millones de euros de la Administración central para sufragar los gastos sanitarios derivados del impacto del COVID.
Si las reclamaciones administrativas presentadas no prosperan, Ahosgal avisa que acudirán a la justicia para reclamar estos 16 millones de euros.
