Durante los últimos cinco años, el sistema económico gallego experimentó el crecimiento constante de una nueva fórmula de financiación empresarial, consistente en la búsqueda de minimizar riesgos de impagos. Mediante factoring y confirming se blindaba la liquidez de la rueda productiva apelando a la banca como garante de pagos para evitar que problemas de dinero en un momento puntual hiciesen quebrar a una empresa. Sin embargo, la crisis causada por el COVID-19 se ha comido 455 millones de euros de este negocio de venta de facturas, causando su primer descenso desde 2015 y situando en 7.709 millones su volumen. Su caída en la comunidad, del 5,5%, supera ampliamente el descenso del 1,7 de media estatal.
El crédito constituye la base del funcionamiento empresarial, cuya maquinaria engrasa. La falta de liquidez puede suponer un problema para una organización rentable que funcione bien, algo que demostró la crisis financiera que desencadenó la quiebra de Lehman Brothers en 2008. El crédito comercial puede lograrse mediante pagarés, bonos o créditos, pero también mediante dos vías que han crecido mucho en los últimos años: factoring y confirming.
El primero consiste en que una empresa le vende a la banca facturas pendientes de cobro a cambio de una comisión y así se garantiza un cobro inmediato y se protege frente a impagos, mientras que la entidad financiera logra un beneficio por la operación. El confirming es el reverso de la moneda. Un cliente o un banco adelanta a una empresa el pago por sus servicios para así poder hacer acopio de material o acometer el proyecto y evitar que la falta de liquidez lo ponga en peligro. Es lo que hacen grandes firmas como Inditex, H&M, El Corte Inglés o similares con sus proveedores para permitirles afrontar sus pedidos.
En 2015, se movieron por ambas vías 122.391 millones de euros en España, cifra que se disparó a los 185.599 en 2019, según la Asociación Española de Factoring (AEF), que agrupa a grandes firmas como el Banco Santander, Abanca, CaixaBank, BBVA, Telefónica o Bankinter. Ese crecimiento constante se produjo también en Galicia, donde se movieron por estas dos vías 3.323 millones en 2015, 5.281 en 2016, 6.398 en 2017, 7.716 en 2018 y 8.164 en 2019. El año pasado, sin embargo, el negocio cayó debido a la pandemia. A nivel estatal la cifra se situó en 182.264 y en Galicia, en 7.709. En comunidades como Castilla-La Mancha el desplome fue del 15%.
"Es la fórmula para la gestión, financiación y cobertura de riesgo de las empresas más apreciada"
“No obstante la reducción producida, el porcentaje de caída de factoring más confirming es sensiblemente inferior al registrado por el conjunto del PIB (producto interior bruto), lo que indica que nuestra actividad ha sido y es la fórmula para la gestión, financiación y cobertura de riesgo de las empresas más apreciada y significativa entre las existentes en el panorama financiero español”, expone sobre la situación la presidenta de AEF, Alma María Abad. Ya en octubre pasado, alertaba de lo que estaba por venir cuando se cerrase el ejercicio.
“Tras la crisis de 2008, confirming y factoring dieron un salto cualitativo para garantizar liquidez. Cuando se recupere la actividad, seremos los primeros en percibirlo, de la misma manera que cuando se produjo la caída del PIB en el segundo trimestre del año [pasado] nuestros productos fueron los primeros en sufrirlo”, alegó entonces.
Lo cierto es que el comportamiento fue dispar entre ambas vías de financiación. El confirming empleado para adelantar parte de los pagos a proveedores creció de 89.436 a 93.540 millones, mientras que el factoring se desplomó de 96.096 a 88.724 millones, según la AEF, que no detalla ambas categorías por comunidades.
¿Cuánto cuestan estos servicios y qué garantías ofrecen frente a los métodos tradicionales? Factoring y confirming copan aproximadamente el 70% del circulante financiero en España, por delante de los créditos comerciales y los pagarés, según la AEF. Las ventajas son la seguridad que aportan.
En el caso del confirming, una empresa se asegura que su proveedor no cancelará sus envíos por un problema de liquidez. En el del factoring, se minimizan riesgos de impagos a cambio de una comisión.
Esa tarifa varía en función de cada caso y oscila entre un 1,5% y un 3%. En una factura de 100.000 euros, una entidad financiera garantizaría y realizaría el pago a cambio de entre 1.500 y 3.000 euros.
Además, existen varias opciones en estos contratos, pues se puede contratar solo la gestión del pago o cubrir un posible impago. En este caso, la entidad financiera asumiría el riesgo de no cobrar, aunque a cambio de una comisión mayor.
En este punto, la clave reside en el cliente. En el caso de una administración se da por descontado que acabará pagando, algo que se pone en duda en caso de una pyme en dificultades, por ejemplo.
