Casi 1.400 gallegos se quedaron el pasado año sin pensión no contributiva tras detectar el Gobierno en una revisión que superaban el umbral de renta permitido. En Galicia un total de 37.840 personas cobran esta prestación que les reporta entre 388 y 424 euros mensuales. Pero estas pensiones son sometidas a controles cada año para evitar posibles fraudes y evitar que los beneficiarios no han fallecido y siguen cumpliendo los requisitos. En tres años se retiraron más de 4.500 subsidios por rebasar el tope de ingresos establecido.
La mayoría de los gallegos a los que les retiró la pensión no contributiva son jubilados (801), aunque también hubo 561 beneficiarios de un subsidio por invalidez que se quedaron sin la prestación por motivos económicos.
Las pensiones no contributivas son aquellas que la Seguridad Social ofrece a las personas que no han cotizado nunca a la Seguridad Social o lo han hecho de forma insuficiente. Éste es el caso de 24.000 jubilados gallegos y de 13.800 personas con algún grado de invalidez.
Pero para beneficiarse hay que cumplir una serie de requisitos como no superar los 5.639 euros anuales por persona. Si se forma parte de una unidad familiar el nivel de renta variará según los miembros de la familia y podrá llegar a los 42.700 euros para un núcleo de cuatro personas en el que convivan padres o hijos.
Y, aún cumpliendo los requisitos, los beneficiarios están obligados a presentar en el primer trimestre de cada año una declaración tanto de sus ingresos personales como del resto de miembros de la unidad económica referidos al ejercicio anterior, así como una previsión para el año en curso. Con estos datos el Gobierno revisa si se mantienen los requisitos para seguir beneficiándose de la pensión o si aún teniendo derecho a seguir cobrándola se debe adaptar la cuantía, que se fija en función de los ingresos del núcleo familiar y el número de miembros.
Así, en 2020 a un total de 2.198 pensionistas gallegos vieron modificada la cuantía de su subsidio. En algunos casos, sufrieron una reducción, pero también puede darse el caso contrario e incrementarse la prestación debido a un empeoramiento de su situación económica.
A otros 407 se les retiró la pensión no contributiva. La razón más común fue superar el límite de ingresos permitido (362 casos), aunque también hubo 23 pensionistas que se quedaron sin subsidio por haberse trasladado a vivir fuera del territorio español –residir en España es condición obligatoria para percibir la prestación–.
Pero a estos 407 gallegos a los que se le anuló la pensión no contributiva tras la revisión anual hay que sumar otros 2.853 cuyo subsidio quedó extinguido tras las revisiones realizadas de oficio por el Gobierno o a instancia de parte.
Este tipo de controles se hacen a iniciativa de la subdirección general de gestión del área de prestaciones económicas del Imserso para hacer “las comprobaciones necesarias a fin de determinar si permanecen las circunstancias que acreditan el mantenimiento del derecho y, en su caso, la cuantía reconocida”. Pero también pueden revisarse las pensiones a solicitud del interesado cuando se produzca una variación en las circunstancias del beneficiario.
Estos controles de oficio o a instancia de parte supusieron para 1.404 gallegos cambios en la cuantía de la pensión que estaban cobrando y además se extinguieron otras 2.853 prestaciones, aunque 1.397 fue por fallecimiento del pensionista.
Del resto de subsidios que fueron anulados, el grueso se debió a haber superado el umbral de renta: un total de 1.000, que se suman a las 362 extinguidas por motivos económicos tras la revisión obligatoria anual. Es decir, un total de 1.362.
Reducción
Debido a la pandemia durante el pasado año se redujeron los controles sobre las pensiones no contributivas. Por esa razón, el número de gallegos a los que se les retiró el subsidio por causas económicas en 2020 se redujo un 15 por ciento respecto a 2019.
El Gobierno gastó el pasado año en pensiones no contributivas en Galicia más de 214,6 millones de euros. La inversión se redujo un 3,5 por ciento en seis años. Esto sucede porque también disminuye el número de beneficiarios. En este periodo el número de beneficiarios bajó en casi 5.000 personas. La razón es que cada vez son menos los ciudadanos que llegan a la edad de jubilación sin haber cotizado a la Seguridad Social. La incorporación de la mujer al mundo laboral ha sido un factor determinante.
La cuantía de estas pensiones varía entre los 388 euros mensuales de los jubilados a los 424 euros que cobran los beneficiarios de un subsidio por invalidez. La Xunta complementa la prestación que reciben los mayores con un complemento económico de 206 euros al año.
