El pontevedrés Pablo Crespo, exsecretario de organización del PPdeG entre 1996 y 1999 y actualmente en prisión condenado como número dos de la trama Gürtel y mano derecha de Francisco Correa a 36 años y 8 meses de prisión, de los que cumplirá un máximo de 18 años –el triple de la pena más alta que se le impuso–, así como a otros 13 años por el montaje y exposición de FITUR en Valencia, se ha decidido a colaborar con la Justicia y empezar a hacer frente a las multas impuestas.
Tras ser detenido creía que pronto regresaría a casa –en las polémicas grabaciones que acabaron con la carrera de Garzón le decía a su mujer que pronto saldrían de vinos por Pontevedra–. Pero lo cierto es que tras siete años en prisión y sin haber obtenido ningún beneficio penitenciario, la restitución del daño causado a las entidades públicas podría permitirle empezar a obtener algunos permisos de salida, una vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos inadmitió también el recurso que presentó por supuesta vulneración de derechos fundamentales para anular los 13 años que le impuso la Audiencia de Valencia y que fueron refrendados por el Tribunal Supremo.
Sus representantes legales han comunicado el cambio de estrategia de defensa. Hasta la fecha Crespo Sabarís se había opuesto a la repatriación de los 2,2 millones de euros que había ocultado en Suiza utilizando, igual que hicieron Correa y Bárcenas, a Arturo Fasana como testaferro. Pero ahora se aviene a su repatriación para cubrir los 140.000 euros de responsabilidad civil impuestos en la pieza de Valencia y también la responsabilidad civil solidaria del primer juicio de la Gürtel, que se eleva a 800.00 euros más multa. Sus letrados, según publica Confilegal, confían en que el dinero también alcance para cubrir las multas de los juicios que todavía tiene pendientes el pontevedrés, como el caso Arganda del Rey o la pieza principal de delitos fiscales de la Gürtel.
A tal fin, su representante legal ya ha enviado una carta al Credit Suisse para informar del deseo de su cliente de “reparar los daños causados” y solicita que los fondos de la cuenta de la sociedad Mall Business SA sean transferidos a la cuenta del Tribunal Superior de Justicia de Valencia para abonar la responsabilidad civil.
Crespo, según avanzan sus letrados, también solicitará la repatriación del resto del dinero: “Es consciente de que todo está perdido y que ya empiezan a pesarle los años. Lleva 7 años y 2 meses en prisión. Ha cumplido un 40 por ciento del tiempo de condena y no ha disfrutado ni de un mísero permiso”. Crespo espera que, con esta prueba de colaboración con la Justicia, pueda mejorar su situación penitenciaria.
La Fiscalía Anticorrupción lleva años intentando que Suiza entregue el dinero de la Gürtel bloqueado en cuentas corrientes en aquel país al cabecilla Francisco Correa (24 millones), a Luis Bárcenas (22 millones) y Crespo (2,2 millones). Comparten como testaferro a Fasana, que según declaró la princesa Corinna también sería el fiduciario del dinero del rey emérito, Don Juan Carlos en el país helvético.
La Audiencia Nacional –que juzgó la primera parte de la trama Gürtel (1999-2005)– ordenó el pasado 12 de febrero que se repatríen a España más de 50 millones de euros que se encuentran “bloqueados” en cuentas bancarias en Suiza del líder de la red corrupta, Francisco Correa; del que fuera su número dos, Pablo Crespo, y del extesorero del PP Luis Bárcenas.
La Sección de Ejecutorias de la Audiencia Nacional dictó un decreto de ejecución por el que, en conformidad con la sentencia firme del Tribunal Supremo del pasado mes octubre sobre los primeros años de actividades de la Gürtel, insta a solicitar a las autoridades suizas que transfieran las cantidades de las cuentas de estos tres condenados para que puedan hacer frente a la “responsabilidad civil y demás responsabilidades pecuniarias”, según informa Europa Press.
En concreto, pide al banco Credit Suisse 24.041.213 euros “bloqueados” en la cuenta de la empresa Golden Chain Properties, S.A., que se integraba en el entramado societario del líder de la Gürtel, Francisco Correa, condenado a 51 años de prisión. A esta misma entidad también se le pide la transferencia de 2.135.046 euros en la cuenta del que fuera mano derecha de Correa, Pablo Crespo, quien también dispone de 113.138,16 euros en otra cuenta del banco Mirabaud, cuyo titular es la empresa Clearvill Group S.A., que también han sido reclamados por la Audiencia Nacional.
En cuanto a Luis Bárcenas, condenado a 29 años y un mes de prisión, la Audiencia Nacional solicita la repatriación de más de 22,8 millones de euros depositados en cuatro cuentas bancarias.
El “conseguidor” que mandó a Rajoy al ‘poleiro’
Pablo Crespo Sabarís, casado con una médico y padre de tres hijos, era un empleado de banca que dio el salto a la política desde Vilagarcía de la mano de Xosé Cuiña, pues no en vano era hijo de Manuel Crespo Alfaya, un político conservador colaborador directo de Rajoy y del propio Cuiña en la Diputación de Pontevedra. Pablo Crespo organizó el equipo de Cuiña y presidió el PP vilagarciano, hasta que sustituyó a Juan Miguel Diz Guedes en la secretaría de Organización del PPdeG En 1997 con unos resultados electorales espectaculares y en plena guerra entre el sector galeguista, conocido como el de la “boina” ,y el más centralista, el del “birrete”, Cuiña y Crespo decidieron mostrar su fuerza en el congreso del partido en A Estrada. Los entonces ministros José Manuel Romay y Mariano Rajoy fueron ubicados en la última fila del anfiteatro, en el “poleiro”. Aunque aquello se intentó justificar como un “error”, sentó mal en Génova, y la luz de Cuiña dejó de brillar enseguida con el Prestige.
Tras la dimisión de su mentor y la llegada de Xesús Palmou, que se negó a pagar facturas sin justificantes a nombre de Special Events (una de las empresas de la Gürtel), Crespo abandonó la fontanería del PP en Galicia y se dedicó a los negocios en Madrid. Era un “conseguidor” de éxito que acumulaba propiedades, coches de lujo y un yate, hasta que el 7 de febrero de 2009, hace 12 años, el juez Baltasar Garzón desmantelaba la trama Gürtel, una red de corrupción política vinculada al Partido Popular, que funcionaba principalmente en Madrid y Valencia. El cabecilla, el empresario Francisco Correa, y su ‘segundo’, Pablo Crespo, fueron detenidos. En el registro de dos cajas fuertes a su nombre en Pontevedra, se encontraron extractos de inversiones en el extranjero por 12 millones y la contabilidad del PPdeG de 1996 a 1999. Sigue pendiente de juicios pero ya suma 60 años de prisión.
