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El Consello Económico e Social no avala la creación de la universidad de Abanca

Campus de Ieside, en Vigo, que se incluirá en la futura universidad impulsada por Abanca. |   // RICARDO GROBAS

Campus de Ieside, en Vigo, que se incluirá en la futura universidad impulsada por Abanca. | // RICARDO GROBAS

La universidad que Abanca impulsa en Galicia, la primera privada de la comunidad, ha superado otra etapa en su desarrollo, aunque con un veredicto en contra. El Consello Económico e Social (CES) aprobó el pasado viernes su dictamen, preceptivo pero no vinculante, sobre el anteproyecto de ley de creación de la nueva entidad de enseñanza superior con la conclusión de que no avala su puesta en marcha. En todo caso, el debate interno evidenció la profunda división que la iniciativa académica ha provocado entre los integrantes del CES, pues de la resolución general se desmarcaron, con sendos votos particulares, los sindicatos y la Confederación de Empresarios. Los primeros arremeten con dureza, por considerar que resultaría “nefasta” para los intereses públicos. Y la patronal la respalda con rotundidad.

El anteproyecto de ley lo remitió la Xunta el pasado 28 de diciembre, para su análisis, al CES –órgano de consulta integrado por empresarios, sindicatos, cofradías, consumidores y las tres universidades–, que ayer difundió su dictamen. “A la vista de la información presentada para la elaboración del anteproyecto, el CES, sin entrar a hacer un control de legalidad, no puede entrar a valorarlo positivamente y manifiesta sus reservas tanto por el hecho de que no se especifica cuáles son las titulaciones oficiales ofertadas, como por recoger la impartición de un grado por un instituto universitario cuando este último debe estar destinado a I+D+i, según la regulación estatal y gallega”, se expone en sus consideraciones generales.

Añade, en su exposición, que el informe de la Axencia Galega para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsug) recoge que no se cumpliría con la letra g del artículo 13 de la Lei do Sistema Universitario de Galicia, que establece que el catálogo de titulaciones ofertadas deberá ser complementario y no reiterativo respecto de las carreras preexistentes y consolidadas en la comunidad.

El CES también echa en falta un plan de desarrollo de las titulaciones por cada rama de conocimiento, la relación de estudios propuestos, la previsión de plazas, el calendario de implantación de las enseñanzas y de los correspondientes centros, así como de los medios específicos con que se contará.

Otro punto de disconformidad con el anteproyecto de ley de creación de la universidad de Abanca es que se proponga un instituto universitario para impartir un grado, cuando este tipo de centro está asociado exclusivamente a la I+D+i y a la docencia en postgrado y doctorado y su creación le corresponde a la comunidad autónoma.

La Universidad Intercontinental de la Empresa, que así se llamará, tenía previsto comenzar a funcionar este año, pero lo más probable es que arranque en el curso 2022-2023 y cuente con unos 1.500 alumnos cuando esté asentada, si cumple con los requisitos legales que aún le quedan por delante y supera las autorizaciones del Consello de la Xunta y del Parlamento. La idea inicial era empezar con cuatro títulos de grado y cuatro de máster impartidos en Vigo y A Coruña.

Postura crítica de los sindicatos

Los sindicatos CIG, UGT, CC OO y SLG emitieron un voto particular en el que cargan con dureza contra la creación de la universidad privada. Censuran que la investigación se plantee como una “actividad marginal” y orientada a “áreas muy concretas y restringidas de interés para el sector bancario”. “El proyecto no parece más que una escuela de negocios que quiere vender sus cursos bajo el sello de calidad universidad”, exponen.

Sostienen que la propuesta de Abanca no cubre ninguna carencia en Galicia, sino que va a competir directamente con las universidades públicas, y que todo el proyecto destila un fin, “el de formar a futuros trabajadores del sector o mismo de la empresa que lo sustenta”. “Sería nefasta para los intereses públicos, para el sistema universitario gallego y para la población”, concluyen los sindicatos.

Respaldo sin fisuras de la patronal gallega

La Confederación de Empresarios de Galicia, en el segundo voto particular, hacen una rotunda defensa de la universidad de Abanca y además exponen expresamente que discrepan de las resoluciones generales del dictamen, intentando demostrar en cinco hojas que el pronunciamiento de no avalar el proyecto está equivocado.

Así, la patronal sostiene que la iniciativa académica ha superado todos los informes preceptivos y criterios legales, que a estas alturas no se pueden determinar las titulaciones definitivas que se impartirán o que las referencias al “instituto universitario” es simplemente una mera cuestión de nomenclatura. “Se cumplen los requisitos legales para la creación de una nueva universidad, siendo positivo que esta venga a complementar la oferta del sistema público en aras de una mayor competencia y especialización de las personas”, dice la patronal.

Oposición de los tres rectores

En diciembre de 2019, el proyecto de creación de la institución académica de Abanca recibió el visto bueno del Consello Galego de Universidades. Pero lo hizo con el voto en contra de los tres rectores. Desde las universidades gallegas apuntaron que este rechazo no se debe a una “preocupación por la eventual competencia” que pueda plantear la nueva entidad, sino porque cuestionan que el proyecto presentado, que vieron “escaso”, cumpla con requerimientos de la Ley do Sistema Universitario.

Un real decreto que endurecerá los criterios

El Ministerio de Universidades prepara un real decreto que regulará la creación de nuevas instituciones académicas, que elevará de forma notable las exigencias y requisitos necesarios para poder implantarse. Habrá que dedicar más presupuesto a la investigación, tener una producción científica mínima o ampliar la oferta académica hasta, al menos, diez grados oficiales, seis de máster y tres programas de postgrado. Esto obligaría a Abanca a duplicar su oferta inicial de estudios, aunque dispondría de un plazo de 4 años para que los centros puedan adaptarse a las nuevas exigencias.

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