España fía a la educación el ejercer uno de los roles más “importantes” en su futuro social y económico, también en un contexto de recuperación pospandemia y a la hora de invertir los fondos europeos. Pero esa educación no será la misma. Hay cambios a la vista, como el que prepara el Ejecutivo central con la ley que repensará la Formación Profesional, 1.900 millones de euros mediante, al que se une el que se derivará de la aplicación de la Lomloe al corazón de las materias: qué se enseña y cómo se enseña, un aspecto que comenzará a materializarse próximamente en las reuniones de la comisión de ordenación académica de la Conferencia Sectorial de Educación, como indicó ayer su responsable en el Ejecutivo central, Isabel Celaá.

Aunque algunas autonomías hayan buscado formas de eludir la recién estrenada normativa que regirá los caminos de la educación en España, lo previsto es que en 2022/2023 los escolares de cursos impares se formen con un nuevo currículum y los trabajos para definirlo están en marcha. Lo que estudiarán entonces habrá pasado un filtro fruto de rediseñar el sistema en tres ámbitos: la “modernización” de los métodos pedagógicos y de la organización escolar y el “desarrollar un currículum mucho menos enciclopédico y más competencial”. Así lo aseguró ayer Celaá, quien incidió en que estos cambios no se limitarán a los niveles de estudios obligatorios, sino que incluyen el Bachillerato, por ejemplo. “Uno de los principios rectores de la Lomloe es la personalización de la enseñanza”, indicó la ministra, quien señaló que supone “adaptarse a las necesidades del alumno y sus proyectos futuros”. De ahí, por ejemplo, la nueva modalidad de Bachillerato general.

Por ahora, indicó, los trabajos están en la fase de “debate” y después vendrá “contrastar” las ideas con las comunidades para “poder llegar a un acuerdo importante”. “Queremos hacer un cambio curricular que sea ambicioso y realista”, proclamó. Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, indicó que buscan tener antes de verano una norma que poder tramitar y que las comunidades puedan desarrollar para llegar a tiempo a 2022/23.

La Lomloe, defendió Celaá, sería la “verdadera piedra angular” en la que se basa la transformación y modernización del sistema educativo y acompañará una “inversión sin precedentes”, en torno a 4.500 millones de euros en actuaciones de educación y FP del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La misión, señala será “mejorar” la equidad del sistema para “prevenir y reducir el abandono escolar prematuro y promover el éxito educativo de todo el alumnado, en particular del que tiene más dificultades”. En concreto, el Gobierno se propone que al menos el 90% de los jóvenes “logren concluir la enseñanza posobligatoria”, bien Bachillerato o bien ciclos de FP de grado superior o de grado medio, en los que, recalcó la ministra, el paro se limita al 7% y además van en la línea que demanda Europa de cualificación intermedia.

La titular de Educación realizó así balance de la Conferencia Sectorial de ayer, del que Galicia salió dispuesta a colaborar, pero también con demandas. Según el conselleiro, Román Rodríguez, Galicia comparte las líneas estratégicas de la educación del futuro expuestas en el encuentro, centradas en la digitalización, la potenciación de FP y en la equidad del sistema, pese a que, lamenta, fueron “prefijadas” desde el Gobierno “sin contar con las autonomías”. Por ello, ahora la Xunta pide participar en definir, desarrollar y planificar las acciones concretas a la hora de repartir los fondos europeos (unos 4.500 millones para los tres programas) y que además esa distribución se haga con criterios “claros, justos, transparentes y sostenibles”. Asimismo, reclamó “flexibilidad” para ejecutar en cada autonomía esos fondos y que los proyectos no conlleven “un gasto público insostenible a medio plazo”. Además, instó a un fondo específico para que las comunidades puedan hacer frente a los gastos de adaptación al COVID el próximo curso, que en Galicia costaron hasta ahora 160 millones.