La Xunta podrá obligar a los funcionarios a cambiar de puesto y consellería

La ley de reactivación económica que está ya en el Parlamento busca, como grandes objetivos, simplificar y acortar los trámites administrativos y regular un nuevo procedimiento más sencillo y ágil para acelerar la implantación y apertura de proyectos empresariales financiados con los fondos extraordinarios que llegarán de Madrid y de la UE por el COVID. Para este fin resulta necesario, por tanto, una mayor contribución de los funcionarios para apurar la gestión administrativa. Pero en la ley presentada inicialmente –el 7 de diciembre– nada se establecía al respecto. Así que ahora, en la fase de enmiendas, el PP ha corregido esa ausencia y ha presentado un paquete de modificaciones que, entre otros aspectos, abre una vía exprés para obligar a los funcionarios a cambiar de puesto de trabajo, trabajar para otras consellerías que no sean las suyas o asignar a otras actividades hasta el 80% de su jornada laboral. Es una especie de movilidad forzosa, aunque sin salir de la localidad y siempre vinculada a la ejecución de la ley de recuperación económica.

El cambio introducido con las enmiendas no es menor, pues supone la incorporación al texto legal de un capítulo específico con trece artículos donde se regula el procedimiento para la gestión de los fondos, que va a exigir un importante esfuerzo administrativo, dado que a las tareas ordinarias de control se suma la intención de acortar los plazos de tramitación y acelerar la elaboración de informes.

La actual ley de empleo público de Galicia ya contempla la comisión de servicios forzosos para los funcionarios, pero, según el sindicato CSIF, es una opción solo prevista para casos muy concretos y por un plazo máximo de tres meses, si bien no se ha llegado siquiera a aplicar porque no ha tenido el correspondiente desarrollo reglamentario.

Pero ahora, con la de reactivación económica sí se podrá forzar esta movilidad de forma directa “sin establecer límite temporal” –censura el sindicato– entre todas la consellerías y entes del sector público autonómico que gestionen proyectos financiados con fondos europeos.

Serán los secretarios xerais técnicos los que tendrán que evaluar la carga de trabajo entre las distintas unidades administrativas “con el fin de poder reasignar efectivos” y encargarles a los funcionarios tareas diferentes de las del puesto de trabajo que ocupa, aunque sin que esto suponga cambio de localidad.

Esta “reasignación temporal” se intentará primeramente que sea dentro de la propia consellería o de sus entes autonómicos dependientes. Y este reparto de tareas, según reza la ley, se hará “con la máxima celeridad para agilizar la absorción y ejecución de los fondos europeos” y con la premisa de que se “aproveche el talento de las personas al servicio del departamento”.

Si esta acción resultara insuficiente, entonces se podrá acudir también a la contratación de personal temporal como apoyo y al trasvase entre consellerías y organismos autonómicos de empleados públicos. Esta opción ya no será potestad de los secretarios xerais, sino que la promoverá la Dirección Xeral de Función Pública, de la Consellería de Facenda.

Para los afectados por estas medidas, la ley prevé la posibilidad de premiarlos con complementos de productividad o gratificaciones extraordinarias, sin dar más detalles.

Otras novedades son la opción de crear unidades administrativas nuevas de carácter provisional para mejorar la eficacia en la gestión y, sin cambiar de puesto o de consellería, asignar a otras funciones –vinculadas a la tramitación de los proyectos financiados con fondos europeos– hasta el 80% de la jornada laboral de un empleado público.

Para CSIF, con esta norma se está modificando la ley de empleo público y el convenio colectivo sin que se haya la “obligatoria” negociación con los sindicatos “para evitar las protestas de los trabajadores ante la imposición de esta nueva movilidad forzosa indefinida”.

El sindicato, que rechaza de plazo “este recorte de los derechos de los trabajadores”, entiende que la reforma da pie a que los secretarios xerais técnicos se puedan “deshacer de los empleados molestos o poco afines” con el destino “arbitrario” a otro departamento y a que establezcan un sistema clientelar de reparto de gratificaciones.

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