La diferencia entre una vivienda con buen aislamiento térmico y otra con ventanas viejas y una fachada en mal estado termina repercutiendo directamente sobre el bolsillo de sus residentes. Se calcula que el ahorro puede ser de hasta el 80 por ciento, unos 1.200 euros anuales. Sin embargo, en Galicia dada la antigüedad de su parque inmobiliario ocho de cada diez inmuebles suspenden en eficiencia energética.
Desde 2013 una norma europea obliga a todos los inmuebles de nueva construcción así como a aquellos de segunda mano que se quieran vender o alquilar a someterse a una evaluación para determinar su calificacion energética. El objetivo es que el comprador o el inquilino conozca el gasto de energía de la casa antes de cerrar la compra o firmar el contrato de arrendamiento y valorar así su eficiencia. En función de su consumo se les asigna una etiqueta que va desde la “A” (los más eficientes) a la “G” (que son los de mayor despilfarro energético).
Y cada vez son más las viviendas que disponen de este certificado en Galicia. En la actualidad ascienden a 187.000 los inmuebles con este documento en la comunidad gallega, son 18.000 más que hace un año.
De ellos, más de 144.000 tienen una certificación energética de “E”, “F” o “G”, es decir, están en parte baja de la escala. Una acreditación de “E” se considera por debajo del aprobado, dado que su consumo de energía y oscilaría entre el 100 y el 110 por ciento de la media. El Código Técnico de Edificación de 2007 garantizaba ya de hecho que las nuevas construcciones deben superar como mínimo esa cualificación.
En concreto, la mitad de las viviendas certificadas (91.000) tiene como nota la “E”, mientras que hay 25.000 que bajan a la “F” y otras 28.300 están incluso en el nivel más alto de consumo (“G”).
Por el contrario, solo 3.000 inmuebles están en la parte alta de la tabla con una etiqueta “A” de alta eficiencia energética, mientras que otras 2.800 han obtenido la “B”. Y más numerosas son las viviendas con certificado “C” (10.600) y “D” (26.700).
La razón de la baja calificación energética de los inmuebles gallegos está en su antigüedad. Un tercio de las viviendas de la comunidad tienen más de medio siglo de vida, según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística.
De hecho, las nuevas viviendas se construyen ya con estándares altos de eficiencia energética. Así lo destaca la Consellería de Economía, de la que depende el Instituto de Enerxía de Galicia (Inega). Tal y como detalla, desde que es obligatorio para las nuevas edificaciones someterse a esta evaluación energética se han certificado un total de 4.372 viviendas, de las que el 70 por ciento tiene una etiqueta “A” o “B”.
El problema reside, por tanto, en los inmuebles más antiguos y de ahí que se esté promoviendo la rehabilitación. Así, la Xunta lanzó este año el mayor plan de ayudas para rehabilitación de edificios con una cuantía total de 17 millones de euros. Estas subvenciones están dirigidas a mejorar la envolvente térmica del inmueble, a instalar energías renovables en los sistemas de calefacción y agua caliente o renovar la iluminación, lo que permitirá al edificio mejorar su calificación energética.
El ahorro
La inversión compensa, puesto que el ahorro para las familias puede llegar a ser importante. El cálculo lo hizo la empresa Certicalia, dedicada a las certificaciones energética, a través de su Ecobservatorio. Una vivienda aproximadamente de 70 metros cuadrados con calificación energética “E”, la más común en Galicia, gasta 735 euros al año en calefacción, refrigeración y agua caliente. Si obtuviera la etiqueta “B” solo necesitaría desembolsar 282 euros, es decir, se ahorraría 455 euros anuales.
La diferencia es mayor si se compara el gasto de un inmueble con la certificación más baja, la “G”. En ese caso los recibos en consumo energético ascenderían a 1.535 euros al año, un 80 por ciento más que las viviendas más eficientes energéticamente.
Una veintena de multas por no someterse a la evaluación
Todos los edificios de nueva construcción deben contratar una auditoría para determinar su rendimiento energético, pero además no se puede vender ni alquiler ninguna vivienda en Galicia sin contar con el certificado que mide el consumo de energía en ese hogar. Estas certificaciones son emitidas por un técnico superior, generalmente un ingeniero o un arquitecto acreditado. El precio del estudio suele ser de 0,8 céntimos por metro cuadrado. Es decir, para un piso de 100 metros cuadrados se pagaría por la evaluación 80 euros. Los técnicos se desplazan hasta la vivienda y evalúan el consumo energético del inmueble. Para ello es necesario estudiar tanto la envolvente térmica (fachadas, cubierta, medianeras, ventanas, etc.) como sus instalaciones térmicas de calefacción, refrigeración y agua caliente, las cuales consumen energía (electricidad, gas natural, butano, etc.) Una vez se obtiene esta evaluación hay que inscribir el certificado en el registro del Inega, cuyo trámite cuesta otros 5 euros. Incumplir estas obligaciones acarrea multas que oscilan entre los 600 y los 1.000 euros. Según explica la Consellería de Economía, actualmente los expedientes sancionadores abiertos que terminaron en sanción se deben a denuncias de particulares a propietarios por no entregarles el certificado de eficiencia energética registrado. En total se abrieron 17 expedientes que supusieron sanciones a los propietarios de los inmuebles por un importe total de 10.040 euros. Al margen de las multas, la Xunta revisa también que las evaluaciones energéticas sean correctas. En 2016 se habían detectado errores en el 14 por ciento de los certificados emitidos.
