La vivienda constituye el primer factor de exclusión social en Galicia, según el informe sobre Exclusión y desarrollo social en la comunidad elaborado por la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada). Sin embargo, la precariedad de los pisos y casas de los gallegos parece situarse en mínimos históricos. Los hogares con problemas de ruido, falta de luz natural o deficiente aislamiento, así como goteras o humedades nunca fueron tan reducidos, apenas el 9,8% del total. Es decir, alrededor de 107.000, casi tres veces menos que en el año 2018.
La reducción en este indicador de la precariedad de la vivienda es constante desde el récord del 35% de 2014, según la información del Instituto Nacional de Estadística (INE). A partir de entonces, el porcentaje se redujo al 32,7% en 2015, al 30,2% en 2016, al 19,1% en 2017 y al 24,8% en 2018, al hilo de la mejora en la construcción y de la economía en general. Los hogares gallegos son los terceros con menos problemas estructurales y deficiencias, tras los de Aragón (5,6%) y Castilla-La Mancha (9,7%), empatados con el 9,8% de La Rioja.
Uno de los principales problemas señalados durante los últimos años es el relativo al ruido, especialmente vinculado al ocio nocturno, aunque también a infraestructuras como el tramo de la Autopista do Atlántico (AP-9) entre Vilaboa y Chapela, que obligó a plantearse la instalación de barreras acústicas.
El año pasado estas molestias sonoras afectaban a alrededor de 71.000 hogares gallegos (6,5%), 37.000 menos que en el ejercicio 2018 y el porcentaje más bajo de la serie histórica.
No es el único indicador a la baja. Los hogares con problemas de contaminación también se situaron en el menor porcentaje (2,1%) desde que el INE radiografía las carenas de los hogares. Es menos de la mitad del 4,6% del año 2018 y queda lejos del pico del 14% de 2007.
Casi completa el trío el porcentaje de viviendas con escasa luz natural, que el año pasado alcanzó la segunda cifra más baja de la historia con el 2,6%, solo mejorado por el 2% de 2017.
El ruido ha sido, sin duda, uno de los conflictos más mediáticos, especialmente vinculado al ocio nocturno. La propia Valedora do Pobo llegó a cuantificar 2.268 quejas en 2017 por esta cuestión, aunque en su informe relativo al año pasado solo se refiere a denuncias en 15 concellos, en su mayor parte de locales de ocio, en sintonía con el descenso de esta problemática para las viviendas gallegas que refleja el INE.
Precisamente para reducir el ruido vinculado al ocio nocturno, la Xunta impulsó un cambio para modificar el Catálogo de Espectáculos Públicos, la norma que establece los tipos de negocios permitidos con sus respectivos requisitos y horarios de apertura y cierre, como adelantó FARO.
Adiós a los tablaos
Galicia suprimió mediante esa decisión la categoría de tablaos flamencos, la vía que muchos locales usaban para abrir hasta las 5:30 horas de forma fraudulenta, lo que obligará a cientos de bares a adelantar su cierre después de que los ayuntamientos revisen su licencia comercial. El plazo para cerrar estos cambios finalizará en octubre del año que viene, tras ampliar un año el período de adaptación de 12 meses previsto inicialmente.
La Ley de Espectáculos Públicos que entró en vigor a mediados de 2018 prevé multas de 300 a 30.001 euros para los establecimientos que excedan su horario de cierre.
