Las comunidades gestionarán la mitad de los nuevos fondos europeos para la recuperación económica. Hay mucho dinero en juego. España recibirá 72.000 millones de euros en transferencias directas y otros 70.000 millones en créditos. Y el primer desembolso será de 27.000 millones, partida que el Gobierno incluye en el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021. El presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, no precisó, sin embargo, en la Conferencia de Presidentes del pasado lunes cuáles serán los criterios para asignar el dinero y si habrá o no de facto un reparto por territorios basado en criterios objetivos.
En ese contexto, las autonomías dejaron ver sus diferencias durante una Conferencia de Presidentes a la que asistió de manera telemática la jefa de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen: de un lado, varias de las mayores regiones pidieron que el dinero se reparta con arreglo a la población, tasa de paro e impacto de la crisis en el producto interior bruto (PIB) que, entre otros territorios, no favorece a Galicia; al mismo tiempo, la Xunta y otras autonomías invocaron cuestiones como el envejecimiento y la dispersión demográfica.
Las tensiones a cuenta de los futuros fondos europeos reproducen las que de manera recurrente afloran cuando, por ejemplo, se negocian las reformas el sistema de financiación autonómica.
Por un lado, hay un bloque de autonomías que piden reproducir los criterios que la Unión Europea tuvo en cuenta al distribuir por países los llamados fondos Next Generation: tamaño de la población, tasa de desempleo e incidencia de la crisis del Covid-19 en el PIB. Es el caso, de Madrid, Andalucía, Canarias, Navarra, Murcia y Baleares. La Comunidad Valenciana reivindica el 10% de los fondos europeos, tasa semejante a su peso demográfico. Y Cataluña, que aspira a recibir 30.000 millones, se centra por ahora en pedir la gestión completa del dinero.
Por otro lado, comunidades como Galicia, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Aragón son partidarias de que haya una discriminación positiva hacia áreas que sufren despoblamiento y envejecimiento demográfico. La Xunta cree que también se debe tener en cuenta la transición industrial y la diferencia de la renta per cápita respecto a la media de la UE.
Si se aplican los criterios que defienden las grandes regiones Galicia saldría claramente perjudicada. Si los fondos se reparten conforme al peso poblacional, este baremo favorecería singularmente a Andalucía (17,9% de la población nacional), Cataluña (16,2%), Madrid (14,2%) y Comunidad Valenciana (10,6%). Los gobiernos “populares” de Andalucía (también con una de las mayores tasas de paro del país ) y Madrid (más afectada en su PIB que lugares como Galicia, según distintas estimaciones) solicitan explícitamente ya ese tipo de reparto.
La comunidad gallega, sin embargo, solo tiene el 5,7% de la población de España y una tasa de paro del 11,8%, la cuarta más baja del Estado.
Las comunidades autónomas se están alineando en las posiciones descritas a pesar de que, al menos por el momento, no se ha hablado de un reparto del dinero por territorios en sentido estricto. A expensas de lo que finalmente determinen los reglamentos que aún se negocian en las instituciones comunitarias, el fondo de reconstrucción fue concebido con la idea de que los proyectos, sean de origen público, privado o mixto, compitan por las ayudas adecuándose a los propósitos modernizadores que marca Bruselas (transición ecológica, digitalización...).
