El fracaso del decreto sobre el uso de los ahorros municipales ha obligado al Gobierno a mover ficha. A unas horas de que el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP,) y regidor de Vigo, Abel Caballero, reuniese a los alcaldes para intentar buscar una solución ante la rebelión que abocó a la derogación del texto en el Congreso, el Ministerio de Hacienda rectificaba. Una semana después de haber dejado en manos de la oposición la presentación de una alternativa y amagar con abordar la cuestión del superávit en los presupuestos del Estado, el departamento dirigido por María Jesús Montero anunciaba un nuevo decreto con más de 3.000 millones para los ayuntamientos que les permitirá cumplir sus metas de déficit. ¿El mecanismo? Una reforma parcial de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por el Gobierno del PP con Cristóbal Montoro al frente de Hacienda tras la crisis de 2008, con la que Ejecutivo se propone suspender este año la regla de gasto -se podrá gastar más que el crecimiento económico previsto- y, en consecuencia, las administraciones locales podrán invertir el superávit de 2018 (casi 500 millones) y 2019 (3.000 millones) este año y también en 2021. En el caso de los ayuntamientos gallegos, el superávit del año pasado supera los 149 millones.

La no aplicación de la regla de gasto a las administraciones locales durante 2020 y 2021 era una de las principales reivindicaciones de los grupos que votaron en contra del decreto la semana pasada, solo avalado por PSOE, Unidas Podemos y el diputado de Teruel Existe (156 síes frente a 193 noes).

En principio, la suspensión del techo de gasto, el mecanismo que limita el aumento de los gastos en los presupuestos, solo se aplicará este año, aunque Hacienda no descarta ampliarlo a 2021. Desde el Gobierno alegan "falta de consenso" para no incluir en este texto medidas sobre los remanentes de tesorería -ahorros acumulados bloqueados en los bancos, que en el caso Galicia los ayuntamientos superan los 1.200 millones y las diputaciones rondan los 600 millones- e insta a los grupos a proponer soluciones.

Con esta alternativa al polémico decreto sobre el uso de los ahorros locales, el Ejecutivo abandona el principal escollo de su reforma: la cesión de los remanentes municipales a Hacienda. Esto fue lo que puso en pie de guerra a alcaldes de distintos colores políticos que suscribieron un manifiesto ante lo que tacharon de "incautación" de los recursos municipales y "robo" a los ciudadanos y promovieron movilizaciones, como las convocadas en Galicia , en contra del acuerdo avalado en la FEMP con el único apoyo de los socialistas y el voto de gracia Caballero.

El objetivo del nuevo texto, según Hacienda, es recuperar el 85% de las medidas que ya se incluían en el derogado decreto. El Gobierno habilitará las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación local, que suponen casi 1.500 millones. Uno de las modificaciones propuestas es que los ayuntamientos puedan también concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. Por otra parte, también se habilitará la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario. El objetivo es que "las entidades locales tengan más recursos y un mayor margen presupuestario con el que afrontar la actual crisis provocada por la pandemia", según detallan desde el Gobierno.

Los ayuntamientos con problemas financieros podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación. También se permitirá a estos municipios que cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a préstamos con entidades de crédito. Para las entidades locales con problemas de solvencia se posibilitará la consolidación de deuda a corto plazo en deuda a largo plazo. De cara a los gastos relacionados con la crisis del Covid, se propone establecer un procedimiento de tramitación urgente de modificaciones de créditos.

Las reacciones al anuncio de Ha cienda no se hicieron esperar. Para el líder del PP, Pablo Casado, el Gobierno de Sánchez "solo acierta cuando rectifica". Consideró que la suspensión de la regla de gasto "desautoriza" tanto a la ministra de Hacienda como al presidente de la FEMP, quienes -urgió- deben "asumir su responsabilidad por este fracaso". Por su parte, Ciudadanos cuestionó que solo tras el "varapalo" al decreto sobre los remanentes el Gobierno ofrezca alternativas.