La propuesta del Ministerio de Hacienda para que los ayuntamientos puedan gastar el superávit no convence a todos los alcaldes. Su plan es que las corporaciones locales entreguen al Gobierno los 14.000 millones de euros que tienen en remanentes y luego el Ejecutivo les devolverá 5.000 millones de euros entre este año y 2021 y el resto a lo largo de la siguiente década. Lo hace así para que no compute en el déficit municipal. Pero los regidores del PP se oponen e incluso algunos alcaldes socialistas mostraron sus reservas. El departamento de María Jesús Montero intenta buscar un acuerdo planteando nuevas cesiones. Así, eximirá a los consistorios de cumplir este año el techo de gasto, es decir, la llamada regla de gasto, por la cual el incremento de gasto no puede superior a la evolución del PIB.

Esto daría más holgura a las corporaciones locales para invertir en un momento en el que las administraciones necesitarán un mayor esfuerzo económico para atender las necesidades derivadas de la crisis económica del Covid-19.

Pero no es la única cesión. Hacienda también dará más margen a los ayuntamientos para que ejecuten las inversiones que se iniciaron en 2019 con cargo al superávit de 2018. Se prorroga el plazo hasta 2021.

Además el Gobierno permitirá a los ayuntamientos menos saneados renegociar la deuda que tienen con el Estado. Otro de los aspectos que incluye la propuesta de Hacienda es un fondo para que los ayuntamientos compensen a las concesionarias del transporte urbano que registraron pérdidas debido a la pérdida de viajeros durante el estado de alarma. Los municipios podrán recibir por este concepto más de 300 millones de euros aproximadamente.

En todo caso, la negociación entre la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP) y Hacienda no está cerrada. Desde la organización municipalista prevén llegar a un acuerdo a finales de la próxima semana.

El alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, calificó ayer de "muy asumible" la propuesta del Ministerio de Hacienda. "Pasamos de una ley que no nos dejaba utilizarlos, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de 2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a una propuesta en la que el Gobierno asume el déficit y nosotros podemos usarlos", señaló.

La normativa aprobada por Cristóbal Montoro obliga a los ayuntamientos a destinar el superávit al pago de la deuda y solo una vez satisfecho este requisito pueden destinar una mínima parte del dinero a las denominadas inversiones financieramente sostenibles.

Esto ha provocado que los ayuntamientos españoles tengan en el banco sin poder gastar alrededor de 14.000 millones de euros. La propuesta de Hacienda es que voluntariamente los municipios se los entreguen a condición de que en dos años el Estado le devolverá 5.000 millones y el resto en un plazo de diez años, un horizonte que hasta algunos alcaldes del PSOE ven como demasiado amplio.