24 de marzo de 2020
24.03.2020
Faro de Vigo

Cinco diputados que repetían en las listas, sin ingresos públicos a partir del 5 de abril

Cuarenta y dos parlamentarios mantienen sus salarios en la diputación permanente

24.03.2020 | 01:01
Diputados en el hemiciclo del Pazo de O Hórreo en un pleno de esta legislatura.

La crisis causada por el coronavirus SARS-Cov-2 ha obligado a suspender unas elecciones convocadas por una primera vez en la historia española. Se trata de los comicios gallegos y vascos que iban a celebrarse el 5 de abril. Una de las consecuencias de esta medida afecta a los diputados y su situación económica. Tras la disolución de la Cámara, solo continúa activa la diputación permanente, con 42 miembros que mantienen sus condiciones salariales intactas, si bien en ese listado están incluidos el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y cuatro conselleiros, cuyos salarios abona el Ejecutivo. Sin embargo, la suspensión electoral ha dejado en un limbo a cinco parlamentarios salientes que formaban parte de las listas del 5-A en puestos de salida. A partir de esa fecha y hasta la constitución del nuevo hemiciclo ninguno de ellos cobrará del erario público. Sus partidos no prevén, de momento, contratarlos durante esa espera.

En esa situación se encuentran los populares Lupe Murillo -que durante la legislatura solicitó dedicación parcial para compatibilizar su actividad laboral con la parlamentaria-, Carlos Gómez Salgado y María Encarnación Amigo Díaz, pues sus compañeros Martín Fernández Prado y Marta Rodríguez-Vispo ya han encontrado otras salidas hasta volver a la Cámara. El primero es edil en A Coruña y la segunda se ha reincorporado a su plaza en el servicio de servicio de alertas epidemiológicas del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

También dejarán de cobrar del erario público tras el 5-A la socialista Patricia Otero y la nacionalista Noa Presas. La situación política de Xosé Luis "Mini" Rivas es similar, pero él está jubilado, por lo que podrá recibir la pensión durante el período de espera hasta las nuevas elecciones.

A pesar de la disolución de la Cámara, el poder legislativo mantiene un órgano en activo: la diputación permanente. Es un órgano con funciones limitadas encargado de la transición entre legislaturas. La oposición reclama que eleve sus atribuciones ante la excepcional e inédita coyuntura actual, pues el poder ejecutivo carece de control a pleno rendimiento.

Esa diputación permanente cuenta con 20 miembros titulares y 22 suplentes. Esos 42 parlamentarios mantienen el 100% de atribuciones pese a la disolución de la Cámara, incluyendo su régimen económico, que supone un mínimo de 4.953 euros mensuales brutos, entre la asignación fija, las ayudas de gasto y la aportación para representación.

Para los que cesan su actividad parlamentaria, la Cámara prevé una indemnización de 2.067 euros mensuales hasta la fecha de los nuevos comicios, decisión tomada antes de la suspensión de los comicios, por lo que esa especie de finiquito se cancelará el 5 de abril y es "incompatible con cualquier otra retribución", según sus reglamentos. El Parlamento también aclara que los diputados carecen de derecho a prestación por desempleo al cesar su actividad y recuerda que la cuantía en Galicia es "considerablemente inferior" a otras Cámaras autonómicas.

País Vasco, donde la indemnización suma un mes de retribución, 9.893 euros como pago "de transición" y una prestación equivalente al 40% del salario habitual durante un período de 3 meses a un año.

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