El estallido de la burbuja inmobiliaria desató una voraz competencia entre las empresas por hacerse con el cada vez más codiciado bocado de la tarta de obra pública. La guerra de precios por conseguir un contrato de la administración provocó rebajas que en algunos concursos alcanzaron el 40%, una oferta que no llega para cubrir costes.
Pasados los años negros de la crisis, las constructoras que buscan un contrato de Xunta, Estado, concellos o diputaciones tienden a ajustar su presupuesto al coste real del proyecto. Pero todavía hay un diez por ciento de concellos en Galicia, según estimaciones de la patronal gallega del construcción, que contratan a empresas que no cubren costes con las ofertas que presentan y, en consecuencia, "precarizan el empleo", según advierte el presidente de la Federación Gallega de la Construcción.
