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Competencia aboga por no vetar a taxis y VTC en el transporte sanitario o escolar

La CNMC recomienda abrir los contratos públicos en Galicia a todo tipo de vehículos para "fomentar" la competencia empresarial

Una mujer dependiente en el antiguo transporte del 065. // R. Grobas

Más competencia y ningún veto en los contratos públicos para ofrecer transporte sanitario no urgente, escolar o laboral. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomienda a las administraciones eliminar restricciones en las licitaciones de esos servicios y en el caso de Galicia concreta la necesidad de aclarar la normativa en el caso de los viajes de escolares y de enfermos o dependientes para no excluir a los vehículos con licencia VTC, aquellos que explotan firmas como Uber o Cabify.

Este mensaje consta en el Informe sobre las licitaciones públicas de transporte de pasajeros en vehículos de turismos en los ámbitos escolar, laboral y sanitario, elaborado por la CNMC y fechado el 9 del pasado mes de enero. El documento es fruto del análisis de medio centenar de licitaciones por parte de 13 comunidades, en los que el citado organismo detecta vetos a servicios para los vehículos VTC, pero también para el sector del taxi, en alguna de las tres modalidades de contratos analizadas. Propone "evitar las discriminaciones entre licencias de taxi y VTC" y fijar "un determinado tipo de vehículo en función del número de pasajeros de la ruta".

Esas restricciones, razona, van en detrimento del erario público. "Las licitaciones donde se ha limitado la participación de este tipo de operadores han supuesto un mayor coste para las arcas públicas y menores incentivos a prestar servicios de calidad del servicio para los usuarios", expone la CNMC, que analizó contratos de Galicia, Asturias, Aragón, Euskadi, Cantabria, Murcia, Baleares Extremadura, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla y León, Madrid y Navarra.

En la fotografía general, el organismo regulador aboga por "fomentar la competencia" en los tres tipos de transporte analizados por parte de todas las administraciones para mejorar el servicio y ahorrar recursos, pues detecta que el transporte regular escolar y laboral "se realiza mayoritariamente a través de autocares, mientras que el transporte sanitario se realiza principalmente a través de ambulancias".

La CNMC considera que en algunas situaciones "resulta más conveniente" optar por turismos, sean taxis o VTC. Cita "desplazamientos regulares de escolares en zonas rurales con baja densidad de población, la asistencia programada a centros sanitarios para recibir tratamientos como diálisis, radioterapia o rehabilitación (transporte sanitario no asistido ni urgente) o el desplazamiento regular de empleados públicos (transporte laboral)".

Galicia permite el uso de turismos en varios de estos servicios. De hecho, introdujo una cláusula en los contratos de transporte por carretera adjudicados recientemente para renovar las rutas de toda la comunidad que establece la opción de transporte a demanda en lugares poco poblados: puede ser ofrecido mediante autobús o taxi.

Aun así, la CNMC detecta vetos parciales en la comunidad a esos tres tipos de transporte tras analizar dos licitaciones, por lo que reclama aclaraciones sobre la normativa autonómica. Considera que existen dudas sobre la participación de los vehículos VTC en los contratos para explotar el transporte escolar y pide directamente "revisar" la norma de la Xunta en el caso de los viajes sanitarios, que la administración gallega solo realizar mediante taxis, "siempre que [los viajeros] no requirieran de cuidados especiales que haya de prestar personal cualificado o de la necesidad de utilizar un vehículo dotado de un equipamiento específico", según la ley gallega de 2013 de transporte en vehículos de turismo. De necesitar cuidados, se requiere una ambulancia.

En el caso del transporte laboral, la CNMC destaca que si bien se permite la competencia entre taxis y VTC, Galicia limita el acceso a los contratos a los taxis con licencia en el concello en que se presta el servicio. Defiende retirar esa restricción y fijar una duración de los contratos "que no resulte excesiva".

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