Bodegueros de la denominación de origen Monterrei necesitaban una gran extensión donde plantar vides y así ampliar el negocio. La Consellería de Medio Rural, a través del Banco de Terras, salió en su auxilio. Localizaron en la aldea de Bustelo, en el concello ourensano de Vilardevós, algo más de cien hectáreas, la gran mayoría sin explotar. ¿El problema? Que la extensión tenía 60 dueños diferentes y estaba dividida en 80 fincas. Había que localizarlos y convencerles de que alquilasen sus fincas. Una aventura casi imposible para un particular, sin tiempo y sin recursos para identificar y ponerse en contacto con 60 propietarios. El minifundismo desanima a cualquiera a emprender en el rural gallego, pero la Xunta
El proceso duró meses. Los técnicos del Banco de Terras consultaron archivos catastrales y buscaron documentación para hallar a los dueños de las parcelas (testamentos, títulos de propiedad, ...). También elaboraron un plano a escala con las coordenadas de la finca (lindes, marcos, ..). Tras persuadir a los propietarios, algunos vivían en Madrid, otros en Barcelona, ... para que arrendasen sus fincas, se redactaron y se firmaron 160 contratos, dos por cada parcela, uno de cesión al Banco de Terras y otro de arrendamiento con las empresas vitivinícolas.
Para cerrar el proceso, Medio Rural asumió las tareas de roza y limpieza de las fincas y las preparó para el cultivo. Todo esto sucedió en 2011 y hoy aún siguen en pie las cien hectáreas de viñedo. Desde entonces, la Xuntaa. Por ello, tras estas experiencias piloto en Cualedro, Sober, Folgoso, Moreda, ... el departamento que dirige José González Vázquez decidió impulsar una ley que agilice la movilidad de tierras. El texto está casi ultimado y a lo largo de este mes entrará en el Parlamento, pero no como proyecto legislativo, sino como proposición de ley del Partido Popular, para una tramitación más rápida. El objetivo es que esté aprobada a finales de este año o comienzos del que viene.
"Nos dimos cuenta de que íbamos gota a gota, que actuábamos en poca superficie y que el procedimiento para recuperar tierras ahora infrautilizadas era farragoso. Necesitamos ser más ágiles y más efectivos, de ahí el proyecto de ley de recuperación y puesta en valor de tierras agrarias", explica a este diario el director xeral de Desenvolvemento Rural, Miguel Pérez Dubois.
"Estamos perdiendo una gran riqueza, nuestro suelo, por la estructura de la propiedad, que no nos permite ser ágiles", explica Pérez Dubois.
Galicia cuenta con 11 millones de parcelas catastrales repartidas entre casi dos millones de dueños. Solo Ourense tiene más fincas que Andalucía y parte de Extremadura juntas, exponen desde Medio Rural para visualizar las dificultades para movilizar grandes extensiones.
¿Qué ofrecerá la futura ley para que sea más fácil para un empresario sumar nuevas tierras a sus negocios? "La norma dotará de nuevos instrumentos al regular la creación de polígonos agroganaderos y forestales, de sofores (sociedades de fomento forestal) pero para el medio agroganadero y de proyectos de gestión conjunta, donde los dueños se ponen de acuerdo para recuperar tierras y ponerlas juntos a trabajar", explica el director xeral.
Las previsiones de Medio Rural pasan por recuperar con la nueva ley al menos 10.000 hectáreas ahora abandonadas.
Como uno de los principales escollos para movilizar tierras es "la búsqueda de los dueños", en muchos casos herederos que no viven en Galicia, en la futura norma se regulará el proceso para que la Xunta pueda alquilar a otros tierras de fincas de dueño desconocido o ilocalizable. "No vamos a expropiar, pero hay fincas magníficas, de buena calidad que están abandonadas y se pueden cultivar. Seremos sus garantes de forma cautelar, y las arrendaremos, si luego aparece el dueño tendrá que respetar el contrato ya firmado y esperar que finalice si desea vender o cultivarla él mismo. Nunca dejará de ser el dueño. La propiedad es sacrosanta, y no la queremos tocar", argumenta Pérez Dubois.
"Queremos que sea rentable para las dos partes. El dueño de la finca recibirá una renta y no tendrá que limpiar su finca, y si el empresario o autónomo no paga, lo hará la Xunta y luego nosotros ya iremos contra él", cuenta el director xeral.
