Las consecuencias causadas por errores, delitos o negligencias cometidos por la Xunta están cubiertas por dos vías. Una sirve de paraguas ante "daños físicos y materiales que la administración y su personal puedan causar a terceros", cuyas indemnizaciones ampara un seguro suscrito el año pasado por 7,85 millones de euros. La otra se refiere a "las consecuencias económicas derivadas de la responsabilidad civil" de sus alrededor de 90.000 empleados y altos cargos. La cobertura de las indemnizaciones vinculadas a los trabajadpores públicos se mantendrá el año que viene en los seis millones de euros en total, pero se elevarán las cuantías para varias de las circunstancias previstas, como la pérdida de documentos oficiales, el coste de la defensa judicial o el dinero necesario para campañas de comunicación que "minoren el daño a la reputación" del empleado público afectado por una reclamación o investigación.
El Ejecutivo autonómico ha licitado la contratación de la póliza que renovará la que vence el próximo diciembre, manteniendo las características de esa red de seguridad para asumir gastos vinculados a posibles errores de su plantilla, incluyendo altos cargos de la administración paralela, salvo los consorcios.
El coste del contrato apenas se encarece 500 euros hasta alcanzar los 60.000, si bien reduce la solvencia exigida a las empresas que opten al concurso, que pasa de un volumen de negocio de seis millones de euros en uno de los tres últimos años a 60.000 euros. La póliza pretende "proteger la responsabilidad individual" de los empleados de la Xunta ante "multas, indemnizaciones, fianzas o gastos de defensa jurídica". Además, ese escudo se extiende a sus cónyuges y herederos para que una indemnización por un "acto culposo o de negligencia grave" los arrastre a través del embargo de bienes gananciales o legados.
El contrato exige una cobertura mínima de seis millones de euros durante un año, como en la actualidad. También mantiene tres millones para fianzas judiciales; 250.000 euros para "prácticas de empleo indebidas" (discriminación, acoso, bloqueos de ascensos...); 30.000 para asistencia psicológica; y 150.000 para posibles fraudes.
Sin embargo, las cuantías se elevan de 60.000 a 100.000 para la defensa judicial; de 30.000 a 50.000 en investigaciones formales; y de 100.000 a 200.000 para campañas de imagen que defiendan la reputación de un empleado investigado.
