La tesorería de la Xunta se encuentra en un momento delicado. Los 700 millones de euros pendientes -que corresponden a entregas a cuenta, recaudación del IVA e incentivos por disciplina fiscal- que reclama al Ministerio de Hacienda resultan claves en su balance. En total, las comunidades esperan que el Gobierno libere 5.000 millones con los que contaban a estas alturas del año, aunque Moncloa alega el bloqueo político (estar en funciones y carecer de presupuestos) como obstáculo. Si antes del 23 de septiembre no triunfa la investidura de un presidente, se repetirán las elecciones generales y, en ese caso, las siguientes administraciones amenazadas por esos problemas serán los ayuntamientos y diputaciones, cuyo superávit previsto este ejercicio de 123 millones en Galicia se vería comprometido, pues depende en parte de fondos estatales.
Ese peligro es temido por concejales de corporaciones de diferente signo político consultados por este diario. De momento, las aportaciones de la administración central llegan a las arcas municipales puntualmente, pero el problema autonómico puede acabar contagiando al ámbito local. "Si la Xunta, advierten fuentes municipales en alusión, por ejemplo, al fondo autonómico específico de 140 millones para los entes locales. "Si se prolonga esta situación, yo creo que sí nos afectará", añade otro concejal de un partido antagónico.
Casi la mitad de los ingresos de las entidades locales proceden directamente de la administración central, que aporta este año el 45% de los 2.818 millones que prevén ingresar solo en concepto de transferencias corrientes y de capital. El dinero estatal llega a los municipios a través de las entregas a cuenta mensuales de los PIE (Participación en los Ingresos del Estado). "No nos han llegado notificaciones concretas de quejas o de problemas por esta cuestión. No obstante, lo que los concellos queremos es tener Gobierno cuanto antes, ya que es responsabilidad de todos los grupos políticos llegar a acuerdos para conseguirlo", declaró hace días el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias, Alfredo García.
Desde el PP alegan que esa normalidad evidencia el bloqueo intencionado de fondos autonómicos y acusan a Hacienda de forzar recortes de la Xunta a un año de las elecciones gallegas.
A los PIE se suman otros proyectos de cofinanciación o convenios como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que prevé distribuir 20 millones a los municipios. Hacienda prometió ingresarlos antes de que acabe el año.
Los concellos y diputaciones gallegas sumarán este año el octavo ejercicio consecutivo de superávit, que prevén alcance los 123,2 millones, según los datos provisionales del Ministerio de Hacienda. Su gasto será de 2.695 millones y sus ingresos, de 2.818. Las cifras suponen una reducción respecto al ejercicio pasado, que tenía carácter preelectoral, pues se celebraron municipales el pasado mayo. En 2018 los ingresos sumaron 2.977 millones y los gastos, 2.728, lo que arrojó un saldo positivo de 186, según Hacienda.
Las grandes culpables de esta reducción han sido la fragmentación política y las elecciones municipales. Solo 155 concellos llegaron a esa cita con nuevos presupuestos para este año. En el caso de las ciudades, por ejemplo, tan solo Vigo y Pontevedra lograron aprobar un nuevo plan económico.
El déficit está prohibido para las entidades locales y la mayoría de ellas prevé obtener equilibrio contable este 2019, con la misma cifra de ingresos que de gastos. Sin embargo, 73 municipios estiman en sus cuentas un saldo positivo. Se trata de 25 municipios de A Coruña, 12 de Lugo, 14 de Ourense y 22 de Pontevedra. En este último caso se trata de Arbo, Baiona, Cambados, Cangas, A Cañiza, Catoira, Crecente, Forcarei, Gondomar, O Grove, Mondariz, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, O Porriño, Redondela, Salceda de Caselas, Silleda, Tui, Vila de Cruces, Vilagarcía de Arousa y Vilanova, según Hacienda.
En el caso de superávit, los municipios deben amortizar deuda, aunque si cumplen el plazo medio máximo de pago a proveedores y la regla de gasto, pueden acometer inversiones "financieramente sostenibles", limitadas a actuaciones que no generen compromisos a largo plazo, aunque Hacienda relajó las restricciones el año pasado. Esta inversión casi se duplicó en 2018 gracias a esas nuevas normas, sumando 85,3 millones distribuidos entre 92 concellos.
