Los concellos gallegos no siempre hacen caso a los interventores. Contas puso la lupa sobre las corporaciones de municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes y advirtió que se habían adoptado acuerdos por valor de 70 millones de euros pese a haber recibido el informe negativo de la intervención.
En su informe de fiscalización, correspondiente a 2016, sitúa a los municipios de Pontevedra a la cabeza en este tipo de práctica. "Adoptaron 1.565 acuerdos con reparos por valor de 44,9 millones de euros", señala el órgano fiscalizador.
En opinión de Contas, es común a los ayuntamientos de las cuatro provincias la falta de control interno: "hay un déficit en la fiscalización de ingresos". "También se observa una ausencia sistemática de actuaciones de control financiero de la actividad económica del sector público local".
Por otro lado, el Consello de Contas recomienda a la Xunta "actualizar anualmente, en función de los resultados de tráfico de años anteriores y de la información disponible bajo un criterio prudente" los pagos que debe realizar a las concesionarias de las autovías construidas por el sistema de peaje en la sombra.
Asimismo, entiende que "los compromisos deberían contabilizarse por el valor actual a la fecha de cierre del ejercicio sin incluir la inflación futura, actualizando al mismo tiempo año tras año el valor correspondiente al ejercicio siguiente según las previsiones de inflación de ese año".
Según informa Contas, el 94 por ciento de las administraciones locales remitieron sus cuentas al órgano fiscalizador y el 92 por ciento de ellas no presentaba defectos. Hubo, sin embargo, 90 entidades que presentaron la documentación fuera de plazo.
